Sin Redundar.

Por Carlos Avendaño.

El gobierno insiste en vender el registro obligatorio de celulares como medida de seguridad. El problema es que millones de mexicanos lo perciben más como vigilancia que como protección. Porque en un país en donde se filtran los padrones electorales, las bases de datos bancarias y hasta los expedientes oficiales, pedirle a la gente que entregue todavía más información personal no inspira precisamente mucha confianza que digamos. La lógica ciudadana es simple: “El celular lo pagué yo, las recargas las pagué yo, la línea está a mi nombre y la privacidad también debería de estarlo.” Y ahí nace el llamado “Plan B”: resistencia masiva por la vía del consumo, no registrar el celular, dejar de usar temporalmente llamadas, datos y mensajes, y golpear donde realmente duele: los ingresos de las compañías telefónicas. La apuesta es sencilla: si millones de usuarios frenan el consumo al mismo tiempo, empresas como: Telcel, Movistar o AT&T, sentirían el impacto económico casi de inmediato. Y entonces, según esta lógica, las propias compañías terminarían presionando al gobierno para echar atrás el registro obligatorio y evitar pérdidas multimillonarias. Suena radical, sí. Pero también refleja algo más profundo: el creciente choque entre la seguridad y la privacidad en México. Porque cada vez que el Estado pide más datos “por seguridad”, el ciudadano promedio escucha otra cosa: control, vigilancia y monitoreo. Y esto se vuelve todavía más delicado en un país en donde la desconfianza institucional está por las nubes. La ironía es brutal. El gobierno dice querer combatir delitos como la extorsión y el secuestro mediante el registro de las líneas telefónicas. Pero buena parte de la población teme que termine ocurriendo exactamente lo contrario: más filtraciones, más espionaje y más vulnerabilidad para los ciudadanos comunes. Y entonces aparece el verdadero debate: ¿Hasta dónde debe de llegar el Estado en nombre de la seguridad? Porque una democracia fuerte no se mide solamente por cuánto combate al crimen, también por cuánto respeta la libertad y la privacidad de sus ciudadanos. Y en México, en donde históricamente el poder ha abusado más de la información que de la transparencia, cualquier intento de control masivo inevitablemente despierta sospechas. Por esto, el mensaje que comienza a circular no es solamente tecnológico ni económico, es político: “México no quiere convertirse en una prisión digital disfrazada de estrategia de seguridad.”…

La inflación oficial podrá presumir moderación en los discursos del gobierno, pero la realidad del súper cuenta otra historia mucho más cruel para millones de familias mexicanas: la canasta básica ya sube al doble del ritmo inflacionario. Y esto no se mide en gráficas técnicas, se mide en carritos cada vez más vacíos. Según datos recientes, el costo de la canasta básica alcanzó ya los 2,599 pesos, golpeando directamente el bolsillo de quienes viven al día y destinan la mayor parte de sus ingresos a comida y productos esenciales. La ironía es brutal. Mientras desde el poder celebran estabilidad macroeconómica y “fortaleza del peso”, en las calles la gente descubre que el súper se volvió artículo de lujo gradual. Porque el problema no es solamente cuánto sube el tomate, el huevo o la carne; el problema es que los salarios simplemente no alcanzan el mismo ritmo. Y ahí aparece la gran mentira estadística de muchos gobiernos: hablar de inflación promedio como si todos consumieran lo mismo. Porque para las clases medias y bajas, la inflación real no se siente en autos nuevos ni viajes internacionales. Se siente en tortillas, aceite, leche, huevo y transporte, es decir: en sobrevivir. Lo más preocupante es que esta presión económica está ocurriendo en un país en donde millones de personas ya viven financieramente al límite. Cualquier aumento en alimentos básicos significa sacrificar algo más: menos proteína, menos medicamentos, menos ahorro o más deuda. Pero políticamente siempre resulta más cómodo presumir indicadores globales que explicar por qué cada visita al supermercado parece un asalto legalizado. Y claro, el gobierno insiste en que los programas sociales compensan parte del impacto. El problema es que la inflación alimentaria tiene un efecto psicológico devastador: la gente puede escuchar que “la economía va bien”, pero cuando paga más por menos productos, simplemente deja de creer en el discurso oficial. Porque ningún indicador macroeconómico le gana a la experiencia cotidiana de una madre viendo cómo el dinero ya no completa la despensa. La realidad es sencilla: cuando la canasta básica sube más rápido que la inflación, significa que la crisis pega más fuerte exactamente donde más duele. En la comida. Y ahí no hay narrativa política que alcance para llenar el refrigerador…

Las paradojas del poder en México ya parecen género literario. Para que la Unidad de Inteligencia Financiera te congele las cuentas bancarias, basta prácticamente con que el gobierno diga que existen “indicios”, “sospechas” o movimientos considerados inusuales. Primero te bloquean financieramente y después averiguan. El ciudadano común queda atrapado en un laberinto burocrático en donde demostrar inocencia puede tomar meses o años. Pero curiosamente, cuando aparecen acusaciones internacionales contra personajes de alto nivel político -particularmente ligados al poder-, entonces el discurso cambia radicalmente. Ahí sí aparecen las palabras mágicas: debido proceso, soberanía nacional, presunción de inocencia, pruebas contundentes, respeto institucional y complejidad jurídica. Qué maravilla de elasticidad legal. Para el ciudadano de a pie: sospecha suficiente, pero para el poderoso: garantía diplomática premium. Y esta contradicción es exactamente lo que alimenta el enojo social. Porque la percepción pública comienza a ser demoledora: la ley mexicana parece rapidísima para castigar al débil y exageradamente cuidadoso cuando toca a quienes forman parte del círculo político. Lo irónico es que el mismo gobierno que durante años construyó su narrativa acusando privilegios e impunidad del viejo régimen, hoy termina atrapado defendiendo argumentos que antes criticaba ferozmente. Porque cuando se trataba de los adversarios políticos, las acusaciones bastaban para condenar mediáticamente. Pero cuando los señalados pertenecen al propio proyecto político, entonces súbitamente descubren el valor de las pruebas sólidas, la prudencia jurídica y la soberanía nacional. La vida política mexicana tiene un talento especial para producir estas ironías grotescas: la justicia dura para unos y exquisitamente garantista para otros. Y mientras tanto, el ciudadano observa cómo el Estado puede actuar con una velocidad brutal para congelarte una tarjeta bancaria, pero entra en cámara lenta cuando las acusaciones rozan el corazón del poder. Ahí es en donde la confianza institucional comienza a romperse. Porque la justicia deja de parecer justicia cuando el tamaño del debido proceso depende del tamaño del apellido político…

Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…

Facebook: Carlos Avendaño   Twitter: @Carlosravendano    http://www.carlosavendano.mx

hectormunoz.com.mx - lagaceta.me - entreveredas.com.mx - rrcagenciainfomativa.com – nexusmedia.com – entreredes.com.mx