Carlos Avendaño
Por Carlos Avendaño.
La gubernatura que nadie busca… pero todos andan promoviendo. En Sinaloa está ocurriendo un fenómeno extraordinario. Nadie quiere ser gobernador, pero todos actúan como candidatos. Nadie está en campaña, pero todos andan recorriendo el estado. Nadie promueve su imagen, pero todos aparecen en espectaculares, redes sociales, reuniones, entrevistas, asambleas, encuentros ciudadanos, informes regionales, recorridos territoriales y hasta en la sopa. Milagros de la política moderna. El debate sobre la llamada “promoción personalizada” resulta cada vez más divertido, porque el concepto es tan ambiguo que, si las autoridades electorales decidieron aplicarlo con el debido rigor absoluto, tendrían que habilitar un estadio completo para poder citar a declarar a todos los políticos sinaloenses. Desde MORENA hasta Movimiento Ciudadano, desde el PRI hasta el Verde Ecologista, desde el Senado hasta los Congresos, los nombres de los susodichos salen sobrando porque por sus movimientos los conocen muy bien. Todos, absolutamente todos, porque la realidad es brutalmente sencilla, la carrera por la gubernatura comenzó hace muchísimo tiempo, lo único que todavía no empieza oficialmente es la campaña. Por esto observamos el espectáculo de siempre: la senadora que realiza “asambleas informativas”, la diputada que organiza encuentros ciudadanos, el legislador que recorre municipios para escuchar a la gente, la dirigente que fortalece estructuras, el funcionario que presenta resultados, el líder partidista que promueve la participación, todos hacen exactamente lo mismo, tan solo cambian las etiquetas. Es como ver una carrera de caballos en donde todos aseguran que no están compitiendo mientras galopan a su máxima velocidad. Lo más gracioso es que cada partido acusa a los demás de hacer lo que ellos mismos hacen todos los días. MORENA señala a la oposición, la oposición señala a MORENA, y mientras tanto los ciudadanos observan una competencia adelantada que oficialmente no existe, aunque todo el mundo sabe que sí existe. La gran pregunta es si el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa y los tribunales electorales, estarían dispuestos a aplicar la misma vara para todos. Porque ahí es en donde comienza el verdadero problema. Si citaran a uno, tendrían que citar a muchos. Si investigan a unos, tendrían que investigar a otros. Y si decidiera castigar la promoción personalizada con criterios estrictos, probablemente tendrían que vaciar medio Congreso, buena parte del Senado y varias oficinas gubernamentales. La realidad es que la ley fue diseñada para impedir ventajas indebidas, pero la creatividad de los políticos siempre corre más rápido que cualquier reglamento. Por esto hoy nadie pide el voto, pero todos buscan simpatías. Nadie solicita una candidatura, pero todos construyen una candidatura. Nadie está en campaña, pero todos viven como si mañana fueran las elecciones. Y mientras la violencia, la economía y la inseguridad golpea diariamente a Sinaloa, buena parte de la clase política parece concentrada en el único tema que realmente les quita el sueño: la sucesión. Porque cuando la silla de gobernador empieza a calentarse, hasta los más disciplinados desarrollan una repentina vocación por recorrer el estado. Y curiosamente, esta vocación suele desaparecer después de las elecciones. Qué cosas tiene la democracia sinaloense, ¿No lo cree usted estimado lector?…
Topolobampo: la guerra que nadie explica. En Sinaloa llevamos años discutiendo la planta de fertilizantes entre: manifestaciones, amparos, consultas, bloqueos, marchas, discursos, promesas y advertencias. Pero curiosamente seguimos sin responder la pregunta más importante de todas, ¿Qué está realmente en juego? Porque mientras unos hablan de desarrollo económico y otros de contaminación ambiental, nadie parece dispuesto a poner sobre la mesa todas las cartas. Y cuando los gobiernos esconden información o la explican a medias, la desconfianza ocupa el espacio vacío. En el bello puerto de Topolobampo ya no es solamente una planta de fertilizantes, tampoco es únicamente MEXINOL, ni los proyectos industriales que siguen llegando a la región. Lo que se está disputando es el futuro económico de una de las zonas estratégicas más importantes del Pacífico mexicano. Por esto resulta ingenuo pensar que detrás de estos proyectos solamente existe preocupación ambiental. Tampoco sería serio el pensar que únicamente existen intereses económicos legítimos, porque cuando hablamos de inversiones de miles de millones de dólares, todos los actores tienen intereses. Y aquí estamos hablando de: los inversionistas, los gobiernos, los empresarios, las comunidades, los ambientalistas, los políticos, exactamente todos. La verdadera diferencia es que algunos intereses los reconocen y otros los esconden. Durante décadas, Topolobampo fue presentado como una joya logística capaz de convertirse en uno de los principales polos industriales del noroeste del país. Hoy vuelve a escucharse el mismo discurso: desarrollo, empleo, competitividad, inversión, modernización. Vaya palabras que resultan atractivas, pero también lo son las preguntas, ¿Qué impacto tendrá sobre el agua? ¿Qué impacto tendrá sobre la pesca? ¿Qué impacto tendrá sobre los ecosistemas costeros? ¿Qué impacto tendrá sobre las comunidades indígenas? ¿Qué impacto tendrá sobre la salud pública? Y, del otro lado de la cara de la moneda: ¿Qué perdería Sinaloa si estos proyectos se cancelan? ¿Cuántos empleos? ¿Cuánta inversión? ¿Cuánta infraestructura? ¿Cuánto desarrollo portuario? Lo increíble es que después de tantos años seguimos atrapados entre dos narrativas extremas: una asegura que los proyectos traerán prosperidad infinita y la otra asegura que traerán una catástrofe ambiental irreversible. Y entre ambas versiones existe un enorme vacío de información objetiva. Ahí es en donde el gobierno ha fracasado. Porque gobernar no consiste en repetir comunicados empresariales, tampoco consiste en ignorar a las comunidades inconformes. Gobernar implica explicar, convencer, transparentar, demostrar, y en Topolobampo esto nunca ha ocurrido completamente. Por esto el conflicto sigue vivo. Porque cuando la gente no conoce toda la verdad, termina creyendo la versión que más se parece a sus temores. Al final de cuentas, la gran pregunta no es si la planta se construye o no, la gran pregunta es quién está diciendo toda la verdad. Y en este conflicto, después de tantos años, parece que nadie tiene demasiada prisa por responder. Mientras tanto, Topolobampo sigue esperando, no una inversión, no una cancelación, sino algo mucho más escaso en la política mexicana: claridad…
Plan B: ahorrar pesos ¿Para costear votos? El llamado “Plan B” de la reforma electoral promete un ahorro de alrededor de 4 mil millones de pesos. Menos estructuras, ajustes salariales, eliminación de privilegios. Esto suena bien, hasta que se hace la pregunta incómoda: ¿A costa de qué? Porque reducir el gasto electoral puede parecer una medida de austeridad, pero también puede convertirse en una poda selectiva de las capacidades del sistema democrático. El argumento oficial es claro: ahorrar para destinar estos recursos a la obra pública y los servicios. Nadie se opone a esto. El problema es cuando el ahorro no viene de eliminar excesos, sino de debilitar funciones clave. Y ahí es donde empiezan las alertas. Porque los órganos electorales no son un lujo, son el árbitro. Y cuando el árbitro pierde capacidad operativa, la cancha deja de ser pareja. En el Senado de la República se discute este tema como si fuera una simple reingeniería administrativa. Pero no lo es. Es una redefinición del equilibrio institucional. Menos recursos pueden significar: menos fiscalización, menos supervisión, menos certeza. Y en un país en donde la confianza electoral ha costado décadas construir, jugar con estos equilibrios no es menor. Porque sí, 4 mil millones suenan atractivos en el discurso, pero si el precio es debilitar la transparencia y la equidad electoral, entonces no es ahorro, es todo un riesgo. La pregunta de fondo no es cuánto se ahorra, es cuánto puede costar después. Porque en democracia, lo barato a veces termina saliendo carísimo. Aquí el punto no es el “ahorro”, es qué se sacrifica para lograrlo. Porque en política pública, lo barato muchas veces sale caro, y en democracia, más…
Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…
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