Por Carlos Hartig.
Mientras las calles de Bahía de Banderas se caen materialmente a pedazos debido a un abandono institucional histórico y alarmante, el dinero de los contribuyentes locales ha sido burdamente desviado para satisfacer ambiciones personales ajenas al bienestar del municipio. En un acto de cinismo sin precedentes que ha encendido la indignación de miles de familias, se ha documentado de forma contundente cómo recursos del erario público local se están utilizando para pavimentar y limpiar vialidades en el municipio de Santiago Ixcuintla. Esta maniobra proselitista, tramposamente disfrazada de supuesta filantropía y brigadas comunitarias bajo el membrete de «Los Tapabachis», representa una burla sangrienta para una ciudadanía que diariamente tiene que sortear baches profundos, esquivar la delincuencia por falta de patrullaje y sufrir la humillación de no contar con agua potable en sus hogares. Es un secreto a voces que la infraestructura de Bahía de Banderas está colapsada, pero para quienes ostentan el poder, la prioridad absoluta no es resolver las crisis locales, sino utilizar los impuestos de la gente como combustible financiero para construir una estructura electoral e influir políticamente en otras regiones del estado de Nayarit.
La indignación social ha alcanzado su punto de ebullición al conectarse de manera lógica y directa los cabos sueltos de una administración municipal que se ha caracterizado por la opacidad, el secretismo y la simulación. Resulta una dolorosa y grotesca bofetada para las familias de Bahía de Banderas descubrir que los polémicos 21.5 millones de pesos correspondientes a la recaudación de Playa Cocinas —recursos sagrados que por ley debieron invertirse en el rescate de espacios públicos, iluminación y servicios de nuestras colonias más marginadas— hoy lucen convertidos en toneladas de asfalto fresco, costales de pavimento y propaganda anticipada en tierras completamente ajenas. Héctor Santana y las cúpulas del Ayuntamiento han decidido dar la espalda a las urgencias más apremiantes de sus representados, prefiriendo mandar el dinero a kilómetros de distancia para inflar una imagen política personal. Este comportamiento no solo roza la ilegalidad en materia de desvío de recursos y financiamiento ilícito de campañas, sino que demuestra una bajeza moral absoluta, donde las necesidades básicas de la población local son pisoteadas y sacrificadas en el altar de la ambición y el capricho partidista de cara a los próximos procesos electorales.
El contraste de realidades que se vive en la región es sencillamente criminal y no puede ser matizado bajo ninguna narrativa oficialista. Mientras colonias enteras y zonas turísticas clave en Bahía de Banderas carecen de alumbrado público eficiente, convirtiendo las noches en un peligro constante y en un caldo de cultivo para la delincuencia que azota a comerciantes y trabajadores, el dinero viaja libremente para embellecer municipios vecinos. La falta de planeación y la negligencia gubernamental mantienen paralizado el desarrollo económico de nuestras comunidades, donde el transporte público y los vehículos particulares terminan destrozados por el estado intransitable de las vías locales. Es intolerable que mientras los empresarios y ciudadanos cumplen puntualmente con sus gravámenes con la promesa de ver mejoras en su entorno, las autoridades decidan que es más rentable proyectar una falsa imagen de eficiencia y altruismo fuera de su jurisdicción. La desconexión con la realidad de quienes gobiernan es total: prefieren tapar baches mediáticos en Santiago Ixcuintla para ganarse aplausos artificiales, en lugar de pararse en las colonias de Bahía de Banderas a dar la cara por las crisis de servicios públicos que ellos mismos han provocado y mantenido por su inoperancia.

Ante este panorama de descarado despilfarro, la ciudadanía local exige de manera inmediata y sin excusas una auditoría profunda, exhaustiva y externa, así como una transparencia absoluta sobre el destino final de cada peso del presupuesto municipal. No se puede seguir tolerando que el patrimonio colectivo y el esfuerzo diario de los habitantes de Bahía de Banderas sean secuestrados y utilizados como la caja chica para financiar las aspiraciones políticas de Héctor Santana. Las instituciones fiscalizadoras del estado tienen la obligación histórica de intervenir ante lo que a todas luces parece una flagrante violación institucional y un desvío de recursos que debería castigarse con todo el peso de la ley. El hartazgo social ante los vicios más podridos de la vieja política ha llegado a un límite insostenible, y el silencio o las respuestas evasivas por parte de los involucrados solo servirán como una confirmación implícita de su complicidad en este saqueo sistemático que deja a nuestras comunidades en la total indefensión y el rezago social.
La simulación gubernamental ha topado con pared frente a una sociedad civil despierta que ya no se deja engañar por discursos baratos de austeridad, videos editados en redes sociales o falsas narrativas de ayuda humanitaria entre municipios. Este despliegue de recursos y activismo transfronterizo evidencia un desprecio absoluto por el marco legal electoral, configurando una descarada campaña anticipada que ofende la inteligencia de los nayaritas y vulnera la equidad democrática. La infraestructura vial, la seguridad pública y el sistema de salud de Bahía de Banderas no pueden permanecer en lista de espera perpetua mientras el erario se dilapida alegremente en un proselitismo desvergonzado que solo beneficia a los bolsillos y proyectos de las élites en el poder. Cada bache que adorna nuestras avenidas, cada lámpara apagada y cada hogar sin agua en nuestro municipio es un monumento a la corrupción y un recordatorio diario de dónde debería estar invirtiéndose el dinero que hoy se regala cínicamente en Santiago Ixcuintla bajo el cobijo de la impunidad.
Finalmente, el juicio de la ciudadanía organizada será implacable e histórico ante esta total y flagrante falta de rendición de cuentas por parte de Héctor Santana y sus operadores políticos. Bahía de Banderas necesita urgentemente gobernantes serios, profesionales y verdaderamente comprometidos con el territorio que tienen la responsabilidad de administrar, no personajes que ven los recursos públicos como un botín personal o como un boleto de tránsito financiado para sus próximas aventuras y ambiciones de poder estatal. La demanda comunitaria es unánime, enérgica y contundente a lo largo y ancho del municipio: se exige el cese inmediato al desvío de capitales, la devolución íntegra del presupuesto a nuestras calles abandonadas, la solución definitiva al desabasto de agua y que se detenga de golpe este saqueo disfrazado de beneficio social en regiones ajenas. La paciencia del pueblo se ha agotado y la complicidad de este gobierno con intereses ajenos a Bahía de Banderas costará muy caro en la memoria colectiva.

