Por Ricardo Reyes.
Mientras el discurso oficial insiste en que la despenalización del aborto avanza en gran parte del país, las cifras de incidencia delictiva muestran una realidad distinta: las denuncias relacionadas con el delito de aborto continúan creciendo y durante abril de 2026 registraron un incremento del 6 por ciento respecto al mismo periodo anterior.
De acuerdo con datos estadísticos nacionales, el número de carpetas de investigación abiertas por este delito mantiene una tendencia ascendente que no ha logrado frenarse pese a las reformas impulsadas en diversos estados para permitir la interrupción legal del embarazo.
Las cifras revelan que durante los primeros meses de 2026 ya se acumulan más de mil denuncias por aborto, lo que mantiene encendidas las alertas entre especialistas y organizaciones civiles que observan un fenómeno cada vez más complejo en el país.
El incremento resulta significativo debido a que ocurre en un contexto donde más de una veintena de entidades federativas han reformado sus legislaciones para ampliar los derechos reproductivos de las mujeres. Sin embargo, los registros oficiales evidencian que las investigaciones penales relacionadas con abortos continúan presentes en los sistemas de procuración de justicia.
Entre las entidades que históricamente concentran el mayor número de denuncias destacan la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México, donde las autoridades mantienen abiertas decenas de carpetas de investigación por casos relacionados con esta conducta.
Analistas señalan que detrás de estas cifras existen distintos escenarios, desde abortos presuntamente inducidos hasta casos vinculados con violencia contra las mujeres, abortos forzados o situaciones derivadas de agresiones sexuales, lo que complica una interpretación uniforme de los datos.
No obstante, el aumento sostenido de las denuncias vuelve a poner sobre la mesa un debate que permanece abierto en México: la distancia entre los cambios legales promovidos por gobiernos y congresos locales y la realidad que reflejan las estadísticas oficiales.
De mantenerse la tendencia observada durante el primer cuatrimestre del año, 2026 podría convertirse en uno de los periodos con mayor número de denuncias por aborto registrados en la historia reciente del país, un escenario que vuelve a exhibir las contradicciones existentes entre la legislación, la política pública y la actuación de las autoridades encargadas de impartir justicia.

