Colombia (RRC): La Armada Nacional de Colombia, en una operación naval en el océano Pacífico sur, decomisó aproximadamente dos toneladas de cocaína este miércoles, según confirmó el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales y canales oficiales. El anuncio se produce en medio de una creciente tensión diplomática y comercial con Ecuador, que acusa a Bogotá de falta de reciprocidad en la lucha conjunta contra el narcotráfico.
La intercepción ocurrió en aguas cercanas a Tumaco (Nariño), donde unidades de la Armada detectaron y persiguieron una embarcación rápida tipo «go-fast» con múltiples motores. Tras la captura, se realizó una inspección que reveló 68 bultos (66 grandes y 2 pequeños) con clorhidrato de cocaína, cuyo peso neto ronda las dos toneladas. Este cargamento equivaldría a cerca de 32 millones de dosis en mercados internacionales, según estimaciones de las autoridades colombianas.
La operación culminó con la detención de tres personas a bordo, quienes quedaron a disposición del CTI de la Fiscalía para los actos urgentes correspondientes. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó en redes sociales que el decomiso representa «un golpe directo a las estructuras criminales», al interrumpir rutas marítimas clave, debilitar su logística y reducir recursos para financiar violencia y corrupción.
El presidente Petro utilizó el anuncio para resaltar los avances de su gobierno en la interdicción marítima, enmarcado en el Plan Ayacucho Plus y la cooperación internacional. Fuentes oficiales señalan que esta acción se suma a otros operativos recientes en el Pacífico que han permitido incautaciones significativas sin bajas mortales, una característica que el mandatario ha enfatizado en contraste con estrategias de otros países.
El decomiso llega en un contexto de escalada de tensiones con Ecuador. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa impuso recientemente una «tasa de seguridad» del 30% a importaciones colombianas, argumentando una «falta de reciprocidad y acciones firmes» de Colombia en el combate al narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común. Esta medida derivó en respuestas recíprocas de Bogotá, incluyendo aranceles a productos ecuatorianos y la suspensión temporal de exportaciones de energía eléctrica, así como ajustes en tarifas de transporte de crudo por oleoductos ecuatorianos. Noboa ha señalado que muchos criminales involucrados en el tráfico de drogas operan con pasaporte colombiano, mientras Petro ha propuesto diálogos para reforzar controles en puertos y rutas aéreas.
A pesar de las fricciones bilaterales, las autoridades colombianas insisten en que continúan priorizando la interdicción en el Pacífico, ruta estratégica para el envío de cocaína hacia Centroamérica, México y otros destinos. El gobierno de Petro defiende que su administración ha acumulado cifras récord en incautaciones, aunque analistas y reportes internacionales cuestionan la atribución exclusiva de algunos decomisos realizados fuera de fronteras nacionales.
Este operativo refuerza el mensaje oficial de que la lucha contra el narcotráfico se centra en afectar la cadena de distribución sin recurrir a confrontaciones letales, en un año marcado por debates regionales e internacionales sobre estrategias antidrogas.

