AUMENTAN DEMANDAS LABORALES Y BAJA RESOLUCIÓN EN TRIBUNALES ESTATALES; PERSISTE REZAGO EN LA JUSTICIA LABORAL.
Redacción 
Por Ricardo Reyes.
Los tribunales laborales estatales enfrentan una creciente presión operativa. Mientras cada vez más trabajadores y empleadores recurren a la vía judicial para resolver sus controversias, la capacidad de respuesta de los órganos encargados de impartir justicia muestra signos de desaceleración.
De acuerdo con el Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2025 los Poderes Judiciales de las entidades federativas abrieron 130 mil 921 expedientes laborales, cifra que representa un incremento de 7.8 por ciento en comparación con 2024.
No obstante, en ese mismo periodo únicamente fueron solucionados 41 mil 116 expedientes, lo que significó una disminución anual de 4.9 por ciento. El contraste entre ambos indicadores evidencia un aumento en la carga de trabajo y una menor capacidad de desahogo de asuntos.
Las cifras reflejan uno de los principales desafíos que enfrenta el nuevo modelo de justicia laboral en México: atender una demanda creciente sin que ello derive en mayores rezagos y tiempos más prolongados para la resolución de conflictos.
Desde la entrada en operación gradual del sistema derivado de la reforma laboral, entre noviembre de 2020 y diciembre de 2025 se han abierto 424 mil 416 expedientes en materia laboral estatal. Sin embargo, al cierre del año pasado permanecían en trámite 223 mil 585 asuntos, es decir, más de la mitad del total acumulado durante ese periodo continuaba pendiente de resolución.
El Estado de México concentró el mayor número de expedientes abiertos, con 53 mil 576 casos, seguido de la Ciudad de México, que registró 51 mil 119. En cuanto a expedientes solucionados, la entidad mexiquense también ocupó el primer lugar nacional, con 33 mil 582 asuntos concluidos.
Los datos del INEGI muestran además un ligero fortalecimiento de la estructura judicial especializada. Al cierre de 2025 se contabilizaron 261 personas juzgadoras en materia laboral estatal, 6.5 por ciento más respecto al año anterior.
Del total, 44.8 por ciento correspondió a mujeres y 55.2 por ciento a hombres, lo que refleja una participación cada vez más equilibrada en la integración de los órganos encargados de impartir justicia laboral.
Por sectores económicos, la mayor incidencia de controversias se registró en actividades relacionadas con la información en medios masivos, donde se abrieron 27 mil 701 expedientes. Le siguieron el comercio al por menor, con 19 mil 954 casos, y las industrias manufactureras, con 14 mil 452.
Este comportamiento permite identificar los sectores donde persisten mayores tensiones en materia de relaciones laborales, derivadas de despidos, reclamaciones por prestaciones, incumplimientos contractuales o desacuerdos entre trabajadores y empleadores.
Respecto a los tiempos de resolución, el registro señala que el mayor número de expedientes solucionados mediante procedimientos ordinarios se concentró en dos rangos: de 61 a 120 días hábiles y de 241 a 365 días hábiles.
Aunque una parte importante de los asuntos logra resolverse en plazos relativamente cortos, otro porcentaje significativo requiere procesos más extensos, lo que representa costos económicos y emocionales para las partes involucradas.
Las estadísticas del INEGI evidencian que la consolidación de la justicia laboral en México continúa enfrentando retos importantes. El fortalecimiento de la infraestructura judicial, la ampliación de recursos humanos especializados y la implementación de mecanismos más eficientes de gestión serán determinantes para evitar que el incremento sostenido de expedientes se traduzca en un rezago estructural.
A más de seis años del inicio de la transformación del sistema de justicia laboral, los resultados muestran avances institucionales, pero también dejan claro que garantizar una justicia pronta, completa e imparcial sigue siendo una tarea pendiente para los tribunales estatales del país.
