Por Carlos Hartig.
Pese a la existencia de un protocolo de atención y la creación de una «ventanilla de atención», la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) continúa siendo un escenario de riesgo para las mujeres. La rectora Norma Galván reveló que, en apenas los primeros tres meses de 2026, ya se han acumulado aproximadamente 20 denuncias por situaciones de violencia y acoso, una cifra que mantiene la tendencia alarmante de años anteriores, donde se registraron más de 100 casos entre 2022 y 2023, y cerca de 90 durante 2025.
La crisis de seguridad interna ha forzado a la institución a tomar medidas punitivas ante la gravedad de los hechos. Galván confirmó que, hasta el momento, las investigaciones han derivado en 5 despidos de personal y 6 suspensiones, afectando a maestros, directivos y administrativos, principalmente en el nivel de educación media superior. Asimismo, el estudiantado no ha quedado exento, reportándose al menos 4 bajas de alumnos implicados en conductas de violencia de género.
Aunque la rectora enfatizó que se trabaja de la mano con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía para que los procesos deriven en sanciones penales cuando sea necesario, reconoció que el enfoque principal sigue siendo preventivo a través de campañas como la «sombrilla naranja». Sin embargo, el flujo constante de denuncias pone en entredicho la efectividad de estas pláticas frente a una estructura académica donde el acoso parece estar profundamente arraigado.
En el ámbito financiero, la administración universitaria respira tras un periodo de incertidumbre. Tras semanas de retraso, la rectora informó que en la primera quincena de marzo finalmente se recibió la radicación de recursos federales, lo que permitirá regularizar los pagos y compromisos de la institución. Este alivio económico llega tras la gestión del convenio de apoyo financiero que asegura la operatividad de la máxima casa de estudios.
Para este 2026, la UAN proyecta administrar un presupuesto de 2,450 millones de pesos, integrados por aportaciones federales, estatales y recursos propios. Según Galván, este monto se destinará prioritariamente a nómina y prestaciones, dejando un margen mínimo para gastos de operación. Con este recurso, la universidad asegura estar en condiciones de «transitar el año sin mayor problema», aunque el reto administrativo de sanear las finanzas ante el IMSS y el SAT continúa siendo una tarea pendiente.
