Guadalajara, Jalisco (RRC): En un esfuerzo por modernizar el sistema de justicia y descongestionar los tribunales, el Congreso del Estado de Jalisco trabaja activamente en la armonización e incorporación explícita de la Justicia Restaurativa a la normatividad local, alineándose con la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
A través de foros, parlamentos abiertos y mesas de análisis —como el realizado en febrero de 2026 impulsado por el diputado Alejandro Barragán Sánchez—, los legisladores, junto con representantes del Poder Judicial, academia y sociedad civil, debaten la integración de este enfoque que prioriza la reparación del daño sobre el mero castigo, fomentando soluciones colaborativas, pacíficas y sostenibles en el tiempo.
Entre los aspectos clave que se buscan describir y fortalecer en la legislación jalisciense destacan:
- Reparación integral del daño: No se limita a compensaciones económicas, sino que abarca la restitución material, simbólica y emocional para las víctimas, atendiendo necesidades tanto materiales como psicológicas y sociales, con el objetivo de sanar las relaciones rotas por el conflicto.
- Conciliación y seguimientos de acuerdos: Se promueve la figura del conciliador como facilitador que propone soluciones viables, con mecanismos claros para dar seguimiento y verificar el cumplimiento voluntario de los convenios alcanzados, evitando que queden en letra muerta y garantizando efectividad real.
- Mecanismos alternativos de solución de controversias: Se enfatiza la mediación, conciliación y otros procesos no adversariales en materias civil, familiar, mercantil y vecinal, incorporando también enfoques de justicia terapéutica y restaurativa que reduzcan la reincidencia, preserven vínculos familiares y comunitarios, y alivien la carga en los juzgados tradicionales.
Actualmente, Jalisco cuenta con la Ley de Justicia Alternativa del Estado (vigente desde 2007 con reformas posteriores), pero aún no ha armonizado completamente sus disposiciones con la legislación federal reciente en la materia. El Parlamento Abierto de febrero destacó que estos mecanismos permiten resolver disputas de forma más colaborativa, expedita y económica, priorizando la reparación del daño y la preservación de relaciones entre las partes.
“La sobrecarga de los sistemas jurisdiccionales nos obliga a avanzar hacia modelos que devuelvan la paz social y no solo dicten sentencias”, señaló el diputado Barragán durante las sesiones. Expertos participantes coincidieron en que la Justicia Restaurativa no sustituye al sistema penal tradicional en casos graves, pero sí complementa y previene conflictos, especialmente en ámbitos no penales o de baja gravedad.
Se espera que, en las próximas semanas o meses, surja una propuesta concreta de reforma secundaria que detalle estos elementos y fortalezca el Instituto de Justicia Alternativa (o su posible evolución normativa), permitiendo a Jalisco ofrecer una justicia más cercana, inclusiva y restauradora para sus ciudadanos.
Este movimiento legislativo forma parte de una tendencia nacional hacia modelos que colocan a la víctima, al responsable y a la comunidad en el centro de la solución, en lugar de enfocarse únicamente en la sanción.
