Por Carlos Hartig.
El Partido Acción Nacional (PAN) en Nayarit ha encendido las alarmas al denunciar formalmente una estructura de actos anticipados de campaña que, bajo el disfraz de «reuniones ciudadanas», estaría movilizando millones de pesos de procedencia opaca. Ramón Cambero, dirigente estatal y diputado local, señaló directamente a una senadora y un alcalde de orquestar estos eventos, acusando que la logística, el hospedaje y el acarreo de simpatizantes superan con creces las capacidades financieras de cualquier «encuentro informal», dejando una pregunta incómoda en el aire: ¿estamos ante el desvío de recursos públicos o la infiltración de capitales ilícitos?
La crítica de Cambero no solo apunta a los aspirantes, sino que golpea la línea de flotación del Instituto Estatal Electoral. El legislador calificó al órgano como un «árbitro cómplice» y pasivo, cuya falta de actuación de oficio ha permitido que la legalidad electoral se convierta en letra muerta en el estado. Al no avanzar las denuncias interpuestas, se envía un mensaje de permisividad donde el «agandalle» político se normaliza, permitiendo que quienes aspiran a gobernar lo hagan pisoteando las reglas básicas de la competencia equitativa.
En el centro del debate financiero, el PAN sostiene que cada una de estas movilizaciones tiene un costo base que rebasa el millón de pesos. Esta disparidad entre el gasto real y el reportado sugiere una ingeniería contable diseñada para burlar la fiscalización. Cambero advirtió que este fenómeno es un síntoma de un mal mayor: el uso de «dinero sucio» que compromete la autonomía de los futuros gobernantes, vinculándolos con intereses ajenos al bienestar público desde antes de tomar protesta.
A nivel legislativo, la postura del PAN busca elevar el costo de la trampa. Mientras Morena evita legislar sobre sanciones drásticas, la propuesta panista es tajante: la cancelación inmediata de la candidatura y la pérdida del registro para el partido que permita estas violaciones. Esta resistencia a reformar la ley sugiere, según la dirigencia blanquiazul, un miedo sistémico a perder los privilegios de una maquinaria electoral que hoy se alimenta de la opacidad y el vacío legal.
Finalmente, el llamado a la sociedad nayarita es de carácter ético y preventivo. La advertencia es clara: «quien es tramposo en campaña, será autoritario en el gobierno». En un estado que ha sufrido las consecuencias de administraciones ligadas a la corrupción, la normalización de estas conductas representa un retroceso democrático peligroso. La ciudadanía queda así frente a la responsabilidad de fiscalizar con su voto a quienes, desde el presente, demuestran que su única ley es la del recurso ilimitado y la prepotencia política.
