Tepic, Nayarit (RRC): El Gobierno de Nayarit anunció con bombo y platillo el mantenimiento permanente del llamado “Operativo Plan Anti-Bloqueo”, un despliegue masivo de revisión en entradas, salidas y carreteras clave de los 20 municipios, con participación de Policía Estatal, Agencia de Investigación Criminal, Secretaría de Marina, Sedena y Guardia Nacional. Según el boletín oficial, se trata de una estrategia “integral” que garantiza movilidad, preserva el orden público y protege a la población nayarita.
Sin embargo, la realidad en las calles y carreteras pinta un panorama muy distinto al discurso triunfalista.
Apenas hace unos días, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” en un operativo federal en Jalisco, Nayarit vivió horas de caos: múltiples bloqueos carreteros, quema de vehículos, presencia de civiles armados en calles de Tepic y otros municipios, suspensión de clases en todos los niveles educativos y comercios cerrados por pánico generalizado. La violencia se extendió a avenidas y accesos clave, obligando al propio gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero a pedir a la ciudadanía no salir de sus hogares y blindar fronteras estatales en medio de una crisis que evidenció la vulnerabilidad del estado ante el crimen organizado.
Lejos de prevenir o disuadir, el “operativo permanente” parece llegar tarde y reaccionar ante hechos consumados, en lugar de anticiparlos. Mientras las autoridades presumen coordinación entre los tres órdenes de gobierno y puntos de revisión aleatorios, los nayaritas enfrentaron —y siguen enfrentando en menor medida— interrupciones graves en la movilidad, afectaciones al turismo (principal motor económico de la entidad) y una sensación de inseguridad que no cede pese al despliegue militarizado.
Críticos señalan que esta militarización permanente en carreteras y accesos, con inspecciones masivas a personas, vehículos y motocicletas, no ha logrado reducir de fondo los índices de violencia estructural que aquejan a Nayarit: extorsiones, ejecuciones y disputas territoriales que se intensifican cada vez que hay movimientos importantes contra capos del CJNG. En cambio, el operativo genera molestias cotidianas a la población civil —filas interminables, revisiones arbitrarias y desconfianza hacia las fuerzas de seguridad— sin que se traduzca en resultados visibles de paz duradera.
El Gobierno estatal refrenda su “compromiso” con la coordinación y la vigilancia permanente, pero los hechos recientes demuestran que, ante una crisis real, el dispositivo no evitó el colapso momentáneo del orden público ni protegió la tranquilidad de las familias nayaritas. Lo que se presenta como fortaleza preventiva parece más un reconocimiento implícito de que el control territorial sigue siendo frágil y reactivo.
Mientras las cúpulas de seguridad celebran el despliegue, en Tepic, Bahía de Banderas y las zonas rurales muchos nayaritas se preguntan: ¿de qué sirve un operativo “permanente” si no impide que el estado se paralice en cuestión de horas cuando el crimen organizado decide responder? La ciudadanía exige resultados concretos, no más comunicados optimistas que contrastan con la realidad que se vive en las carreteras y colonias.
