Por Ricardo Reyes.
La declaración del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero sobre la supuesta calma en Nayarit y su llamado a la ciudadanía para reportar situaciones sospechosas suena más a un ejercicio de control de daños que a un diagnóstico realista de la seguridad en el estado.
Mientras el mandatario insiste en que Nayarit «se mantiene en calma» y destaca la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, los datos oficiales y reportes independientes pintan un panorama muy distinto: uno marcado por violencia persistente, incrementos en homicidios en periodos clave y una extorsión que sigue golpeando a familias y negocios.
En 2025, Nayarit registró un aumento significativo en su tasa de violencia letal, alcanzando 24.8 por cada 100 mil habitantes en los primeros siete meses del año, según México Evalúa, colocándolo entre los cinco estados con mayor crecimiento en este indicador. Organismos como México Evalúa han advertido que el estado lucha por contener enfrentamientos entre grupos criminales como Los Mayos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con expresiones de violencia que incluyen ejecuciones, narcomensajes y agresiones contra autoridades.
Aun cuando algunas cifras nacionales muestran descensos en homicidios dolosos, Nayarit ha aparecido en reportes donde suben las víctimas de este delito en comparación con años previos (por ejemplo, un incremento del 44% en ciertos periodos de 2025 respecto a 2024 en comparativos semestrales). Además, las lesiones dolosas escalaron hasta un 75% durante la administración actual en mediciones previas, y la extorsión —uno de los delitos más temidos por su impacto cotidiano— mantiene tasas altísimas de cifra negra (no denuncia), llegando al 98.9% en algunos análisis.
El propio gobernador ha tenido que reconocer públicamente problemas graves, como exigir a grupos delictivos que dejen de «experimentar» con armamento en comunidades indígenas de la sierra del Nayar, donde se reportan desactivaciones de explosivos y enfrentamientos que ponen en riesgo a niños y pobladores. Lejos de una «tranquilidad» sostenida, estos hechos evidencian zonas donde el control territorial sigue disputado.
El exhorto a denunciar al 089 o 911 con promesas de anonimato y confidencialidad choca con la realidad: en Nayarit, el 93.8% de los delitos no se denuncian ni investigan, una de las tasas más altas del país según estudios de justicia penal. La desconfianza hacia las autoridades es evidente, y el llamado a la «participación responsable» parece trasladar la responsabilidad a la ciudadanía mientras las estrategias de prevención y persecución no logran revertir la tendencia.
En un contexto donde la percepción de inseguridad sigue alta —con más del 51% de nayaritas considerando la delincuencia como el principal problema estatal según la ENVIPE 2025—, las declaraciones oficiales que pintan un escenario idílico generan más escepticismo que confianza. Mantener la «calma» no basta con discursos: requiere resultados concretos que, hasta ahora, no se reflejan en la vida diaria de las familias nayaritas, muchas de las cuales siguen viviendo con miedo a la extorsión, los bloqueos o la violencia en carreteras y comunidades.
