Por Armando J Garcia.
En las últimas semanas, el país volvió a moverse entre versiones cruzadas, especulaciones y silencios oficiales en torno a la supuesta muerte o detención de Nemesio Oseguera Cervantes.
Más allá de la veracidad del hecho, el episodio dejó una constante conocida: cuando la información institucional es fragmentaria o tardía, la percepción ocupa su lugar.
Y en materia de gobernanza, la percepción no es un detalle menor.
Hablemos de estados que dependen del turismo como lo es el Estado de Quintana Roo. Su economía depende de manera predominante del turismo —más del 80 % de su dinámica directa e indirecta—, lo que convierte a la entidad en uno de los territorios más sensibles del país a cualquier deterioro reputacional.
En economías de este tipo, la estabilidad no solo se mide en indicadores de seguridad, sino en confianza sostenida.
En los últimos años se han registrado episodios de violencia en zonas urbanas y turísticas como Cancún, Tulum, Felipe carrillo puerto y Playa del Carmen. A ello se suman alertas de viaje emitidas periódicamente por el Departamento de Estado de Estados Unidos y otras naciones.
No implican cierres ni colapsos inmediatos, pero sí influyen en la percepción global del riesgo.
Y en un destino internacional, la percepción es parte del producto.
Sin embargo, la variable de seguridad no actúa sola. Se acumula con otros desafíos estructurales: impacto ambiental la crisis recurrente del sargazo; crecimiento urbano acelerado sin infraestructura proporcional; denuncias sobre extorsión a comercios; déficits históricos de planeación.
Ninguno de estos problemas es nuevo. Lo que cambia es su simultaneidad.
El riesgo para Quintana Roo no es el evento aislado. Es la acumulación sin corrección estructural.
En un estado cuya economía depende de la confianza externa, la credibilidad institucional es un activo económico.
Cuando la ciudadanía percibe que los problemas se administran discursivamente en lugar de resolverse de fondo, el desgaste no se refleja de inmediato en estadísticas.
Y con ello viene la elección intermedia de 2027, la discusión no debería reducirse a continuidad o alternancia.
El debate de fondo es la capacidad de gobernanza: profesionalización administrativa, coordinación en seguridad, planeación urbana sostenible y transparencia en la gestión pública.
Ninguna elección se gana únicamente con descontento ciudadano. Se gana con organización. Y ninguna reconfiguración institucional ocurre por inercia.
Quintana Roo enfrenta una paradoja: es uno de los motores turísticos del país y, al mismo tiempo, uno de los territorios más expuestos a la volatilidad.
En este contexto, minimizar desafíos puede ofrecer tranquilidad momentánea, administrar la percepción en lugar de corregir los problemas de fondo es comprensible en cualquier gobierno. Lo complejo es sostener estabilidad cuando los desafíos se vuelven sistémicos.
El punto no es comparar modelos políticos ni dramatizar escenarios.
Es reconocer que las economías dependientes del turismo requieren estándares de gobernanza más altos, no más bajos.
Rumbo a 2027, la pregunta no es quién capitalizará políticamente el contexto.
La pregunta es si la ciudadanía asumirá un papel activo en la construcción institucional del estado.
Porque en territorios que viven del turismo, la estabilidad no es un atributo deseable.
Es condición de supervivencia.
