Por Ricardo Reyes.
La aparente calma que intentan proyectar las autoridades nayaritas tras la ola de violencia desatada el domingo pasado parece más un ejercicio de control de daños que una respuesta efectiva ante la grave crisis de seguridad que vive el estado.
El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero informó que se refuerzan las medidas de seguridad y llamó a la ciudadanía a mantener la calma, argumentando que Nayarit debe estar preparado ante el posible desplazamiento de delincuentes provenientes de entidades vecinas, en el contexto de la alerta de seguridad que involucró a Jalisco, Michoacán y Nayarit. Sin embargo, este mensaje llega después de que el estado registrara 63 eventos violentos confirmados, con un saldo alarmante de 171 vehículos afectados (en su mayoría incendiados durante narcobloqueos y disturbios), al menos cinco detenciones y dos agresores abatidos en enfrentamientos.
La reacción criminal se detonó tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026. Lo que las autoridades federales presentaron como un “éxito” derivó en una cascada de terrorismo urbano que alcanzó a Nayarit de forma inmediata y brutal: quema masiva de automóviles, robo de vehículos a mano armada, bloqueos carreteros y suspensión total de actividades en municipios clave, incluyendo la cancelación de clases en todos los niveles educativos y el cierre de comercios por miedo generalizado.
A pesar de que el gobernador insiste en que la situación “se encuentra bajo control” y en “estabilidad”, los hechos hablan de una entidad que vivió horas de parálisis total, con calles vacías, silencio forzado por el terror y presencia de grupos armados circulando libremente en varios puntos. Incluso la Embajada de Estados Unidos emitió alertas sucesivas para que sus ciudadanos se resguardaran en Jalisco y Nayarit, manteniendo restricciones de movilidad para su personal diplomático varios días después.
El llamado a la calma del gobernador choca con la realidad: ¿cómo pedir serenidad a una población que vio arder cientos de vehículos en el estado, que padeció el riesgo de quedar atrapada en bloqueos o enfrentamientos, y que ahora debe prepararse para un posible repunte por el “efecto dominó” de la caída de un capo? Las medidas anunciadas —operativos preventivos y coordinación entre órdenes de gobierno— suenan a rutina institucional, mientras la ciudadanía exige resultados concretos ante la evidencia de que el poder del crimen organizado sigue siendo capaz de paralizar regiones enteras en cuestión de horas.
Lejos de transmitir confianza, el mensaje oficial parece minimizar la magnitud del colapso vivido el domingo y subestimar el trauma colectivo. En Nayarit, la “calma” que piden las autoridades no es sinónimo de seguridad recuperada, sino de una resignación forzada ante la incapacidad —hasta ahora evidente— de frenar la espiral de violencia que el crimen organizado impone cuando se siente acorralado.
