Michoacán (RRC): El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ordenó al senador Gerardo Fernández Noroña eliminar o editar segmentos de videos publicados en su canal de YouTube, al considerar que contienen expresiones misóginas y constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de Grecia Quiroz García, actual alcaldesa de Uruapan.
La resolución, emitida en el marco de un Procedimiento Especial Sancionador (con acuerdo IEM-PESV-02/2026), establece medidas cautelares inmediatas. El IEM otorgó al legislador un plazo de 24 horas para suprimir o modificar los contenidos señalados, así como para abstenerse de cualquier acto de hostigamiento, intimidación o molestia contra la presidenta municipal.
Los videos cuestionados, difundidos en noviembre de 2025, incluyen declaraciones en las que Fernández Noroña se refirió a Quiroz como «fascista», la calificó de «irresponsable» y afirmó que «su ambición se le despertó» tras el homicidio de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de ese año. El senador también sugirió que la alcaldesa buscaba la gubernatura de Michoacán con apoyo de la «ultraderecha» y que utilizaba el crimen con fines políticos.
La autoridad electoral determinó que dichas expresiones, al vincular la viudez y el duelo de Quiroz con supuestos intereses personales y políticos de manera descalificatoria, configuran hostigamiento y violencia de género.
La alcaldesa de Uruapan, a través de su consejera jurídica Stephanie Rodríguez, informó públicamente sobre la resolución y celebró las medidas cautelares obtenidas. Grecia Quiroz asumió la alcaldía tras el asesinato de su esposo y ha enfrentado acusaciones políticas en medio del contexto de inseguridad en la región.
Por su parte, Fernández Noroña acató la orden y eliminó los contenidos señalados, notificándolo al IEM mediante oficio. Sin embargo, rechazó haber incurrido en hostigamiento o violencia política, argumentando que sus declaraciones fueron parte de una crítica política legítima y que continuará ejerciendo su derecho a la libertad de expresión para debatir acciones de funcionarios públicos.
El caso se enmarca en el combate a la violencia política de género, un tema prioritario para las autoridades electorales en México, y el procedimiento sancionador sigue su curso para determinar posibles sanciones adicionales.
