Por Ricardo Reyes.
En México, el término «huachicol» ha evolucionado de un simple robo de combustible a un complejo esquema criminal que involucra evasión fiscal masiva, corrupción y presuntos lazos con el crimen organizado. Este fenómeno, que cuesta al país miles de millones de pesos anuales, ha sido señalado en múltiples investigaciones y denuncias como una fuente de financiamiento irregular para campañas políticas, con acusaciones directas hacia figuras clave del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). A continuación, un análisis basado en reportes periodísticos, datos oficiales y filtraciones, que revela cómo el huachicol tradicional se transformó en «huachicol fiscal» y sus supuestas conexiones con las altas cúpulas de MORENA.
En la actualidad, el huachicol es la segunda fuente de ingresos para los cárteles, solo detrás del narcotráfico, con pérdidas anuales para Pemex estimadas en miles de millones de pesos. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se implementaron operativos para combatirlo, como el cierre temporal de ductos en 2019, pero el problema persiste. En 2025, se reportaron 9,520 tomas clandestinas, un aumento significativo pese a las medidas. El huachicol no solo causa explosiones mortales, como la de Tlahuelilpan en 2019, sino que también financia violencia y extorsiones en zonas rurales.
A diferencia del huachicol tradicional, que implica robo físico, el «huachicol fiscal» es una modalidad más elaborada que explota lagunas aduaneras y fiscales. Consiste en importar combustibles refinados (como gasolina o diésel) disfrazados como lubricantes, aditivos o aceites minerales, productos exentos o con impuestos mínimos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Una vez en México, estos se venden como combustible legal, evadiendo hasta 7.1 pesos por litro en impuestos. Este esquema involucra empresas fantasma, documentos falsos y complicidad en aduanas, generando ganancias millonarias para redes criminales.
Según estimaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, el daño acumulado por huachicol fiscal entre 2018 y 2024 alcanza los 600 mil millones de pesos, superando escándalos como Segalmex. En 2025, se decomisaron más de 18 millones de litros ilegales en puertos como Tampico y Altamira, con redes que operaban desde 2023, involucrando 69 envíos y ganancias criminales de al menos 150 millones de dólares. La Embajada de Estados Unidos ha revelado esquemas donde crudo robado en México se refina en Texas y regresa como producto «legal». Analistas como los de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señalan que este delito no es «sin víctima», ya que cada peso evadido deja de invertirse en infraestructura, salud y educación.
El huachicol fiscal ha escalado en sofisticación, con carteles como el Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el del Golfo involucrados. En 2025, operativos federales desmantelaron redes en Tamaulipas, deteniendo a 14 personas, incluyendo altos mandos de la Marina. Sin embargo, críticos argumentan que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha minimizado el impacto, contradiciendo cifras oficiales.
Las denuncias más explosivas vinculan el huachicol fiscal con financiamiento irregular de campañas de MORENA. Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de AMLO, reveló en su libro «Ni Venganza ni Perdón» (2025) que Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial, mantuvo reuniones con Sergio Carmona, conocido como «El Rey del Huachicol», ligado a contrabando y carteles. Scherer acusa a Ramírez de involucrarse en financiamiento ilícito para campañas, salpicando a figuras como Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, y Andrés López Beltrán («Andy»), hijo de AMLO.
- Adán Augusto López: Como exgobernador de Tabasco, nombró a Hernán Bermúdez Requena («La Barredora», ligado al CJNG) en puestos clave. Bermúdez fue detenido en Paraguay en 2025 por huachicol. López también es señalado por contratos millonarios en refinerías y transferencias irregulares de 800 millones de pesos durante su gestión.
- Mario Delgado: Exdirigente de MORENA, investigado en EE.UU. por nexos con Carmona. En 2025, un alcalde de Matamoros ligado a él fue retenido por huachicol.
- Américo Villarreal: Gobernador de Tamaulipas, acusado de recibir fondos de Carmona. Puertos bajo su jurisdicción como Altamira son clave en importaciones ilegales.
- Rafael Ojeda: Exsecretario de Marina, cuyo sobrino vicealmirante Farías Laguna fue detenido por facilitar descargas ilegales en puertos. Esto erosiona la imagen anticorrupción de MORENA.
Filtraciones como las de Guacamaya Leaks y reportes de MCCI sugieren que el huachicol fiscal generó hasta 200 mil millones de pesos anuales para redes criminales, parte de los cuales financiaron campañas de MORENA en 2018 y 2021. La oposición, como el PAN, califica esto como el «robo del siglo» y exige investigaciones al INE y FGR. Sin embargo, Sheinbaum ha respondido desviando la atención a casos pasados como García Luna, lo que críticos ven como encubrimiento.
Desde MORENA, se defienden argumentando que estos son ataques mediáticos orquestados por la oposición, y destacan decomisos récord en 2025. No obstante, encuestas como la de Enkoll muestran una caída en la simpatía por el partido debido a estos escándalos, contrastando con la aprobación estable de Sheinbaum.
El huachicol, en sus formas tradicional y fiscal, representa una amenaza a la economía mexicana, con pérdidas equivalentes a un tercio de la gasolina consumida en el país. Sus presuntos lazos con MORENA cuestionan la narrativa de «honestidad valiente» del partido, exponiendo posibles simbiosis con el crimen organizado. Mientras EE.UU. presiona por investigaciones transfronterizas, el gobierno mexicano debe equilibrar el combate al delito con transparencia interna. Sin acciones firmes, este escándalo podría erosionar la confianza pública y marcar un punto de inflexión para la 4T.
