Por Ricardo Reyes.
La indignación y el dolor se desbordaron este martes frente a la Presidencia Municipal de San Blas, donde decenas de habitantes de Guadalupe Victoria, conocida como La Virocha, protagonizaron una enérgica protesta para exigir justicia por los brutales asesinatos que han golpeado a su comunidad, mientras acusan directamente al alcalde José de Jesús «Pepito» Barajas de proteger a los responsables y fomentar la impunidad.
Los manifestantes, entre ellos familiares devastados, denunciaron con vehemencia que los homicidios de Edén Adrián Pérez Rojas (asesinado a balazos el 24 de enero de 2026) y José Alberto Villegas Toscano (víctima el 8 de noviembre de 2025) permanecen en la más absoluta impunidad. Afirmaron contar con pruebas contundentes, testigos presenciales y evidencias claras que señalan a uno o más sospechosos, quienes —según los inconformes— continúan circulando libremente por la localidad sin que las autoridades locales ni la Fiscalía del Estado intervengan de manera efectiva.
«¡El presunto culpable sigue libre en la comunidad porque Pepito Barajas lo está encubriendo!», gritaron varios participantes, según reportes de medios locales y publicaciones en redes sociales. La madre de Edén, Martha Rojas, se presentó visiblemente afectada para reclamar acción inmediata, mientras que la hermana de José Alberto se unió a las demandas, resaltando que la tragedia no solo arrebató vidas, sino que ha sumido a familias enteras en el abandono y el miedo constante.
Los habitantes de La Virocha y otras comunidades rurales del municipio criticaron duramente al gobierno municipal por su falta total de voluntad para combatir la ola de violencia que azota la zona. Acusaron al alcalde de ignorar deliberadamente las denuncias, de no coordinar acciones reales de seguridad y de permitir que la impunidad se convierta en norma, dejando a la población rural desprotegida ante el crimen. «En La Virocha y otros pueblos de San Blas, la violencia se repite una y otra vez porque el presidente municipal no hace nada por erradicarla», denunciaron, señalando que el abandono institucional ha convertido sus comunidades en zonas de alto riesgo.
La protesta, que se mantuvo pacífica pero cargada de reclamos airados, incluyó consignas contra la corrupción y la complicidad gubernamental, así como exigencias de renuncia o destitución si no se actúa de inmediato. Los inconformes advirtieron que no cesarán en sus movilizaciones hasta que se detenga a los responsables, se agilicen las investigaciones y se garantice la seguridad real para los habitantes.
Hasta el cierre de esta nota, el Ayuntamiento de San Blas, encabezado por «Pepito» Barajas, no ha emitido respuesta alguna a las graves acusaciones de encubrimiento y negligencia. La Fiscalía General del Estado tampoco ha ofrecido avances concretos sobre los casos, lo que ha incrementado el hartazgo entre la población.
Familiares de las víctimas y vecinos hicieron un llamado urgente a la ciudadanía nayarita, a organizaciones de derechos humanos y a comunidades vecinas para unirse a la lucha contra la impunidad. «No vamos a permitir que sigan matando a nuestros seres queridos mientras el gobierno mira para otro lado», afirmaron.
La tragedia en La Virocha se suma a una serie de hechos violentos en zonas rurales de Nayarit, donde la percepción de abandono por parte de las autoridades municipales y estatales crece día a día.
