Por Carlos Hartig.La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó recientemente un reglamento municipal en Nayarit que prohibía las corridas de toros y peleas de gallos, bajo el argumento de que una norma municipal no puede contravenir la Ley Estatal de Protección Animal, que actualmente permite dichas actividades. Esta resolución, derivada de una acción de inconstitucionalidad presentada hace dos años, reafirma que, mientras la ley estatal no se modifique, los ayuntamientos carecen de facultades para establecer prohibiciones de manera autónoma.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó recientemente un reglamento municipal en Nayarit que prohibía las corridas de toros y peleas de gallos, bajo el argumento de que una norma municipal no puede contravenir la Ley Estatal de Protección Animal, que actualmente permite dichas actividades. Esta resolución, derivada de una acción de inconstitucionalidad presentada hace dos años, reafirma que, mientras la ley estatal no se modifique, los ayuntamientos carecen de facultades para establecer prohibiciones de manera autónoma.
Sin embargo, esta situación legal es transitoria debido a la reciente Reforma Constitucional en Bienestar Animal impulsada por la Dra. Claudia Sheinbaum. Al modificarse los artículos 3º, 4º y 73º de la Constitución Federal, se establece la obligación del Estado de garantizar la protección y el trato adecuado a los animales. Esto obliga al Congreso de Nayarit a iniciar un proceso de armonización legislativa para adecuar las leyes locales a la Carta Magna, lo que eventualmente conducirá a la prohibición definitiva de espectáculos que generen maltrato animal.
En el ámbito político estatal, el legislador del Partido del Trabajo (PT) manifestó una postura crítica hacia las prohibiciones absolutas, pronunciándose en favor de la regulación. Argumentó que prohibir estas prácticas suele fomentar la clandestinidad, donde las actividades se realizan sin supervisión oficial ni medidas de seguridad. Para el diputado, el enfoque debe centrarse en evitar que estas tradiciones se desplacen a espacios donde el Estado no tenga control alguno sobre el trato animal o el orden público.
Por otro lado, la atención se centra en el conflicto social en Xalisco, donde la presidencia municipal fue liberada tras más de 100 días de toma por parte de grupos inconformes. El legislador calificó estas movilizaciones como un tema de intereses políticos de sectores que perdieron la elección en 2024. Criticó además el uso de adultos mayores como barreras humanas durante los operativos de desalojo y señaló que el movimiento ha carecido de voluntad para respetar los acuerdos previamente firmados con el Cabildo.
Finalmente, respecto a la solicitud de revocación de mandato contra la alcaldesa de Xalisco, el Congreso local determinó que no existen pruebas documentales que sustenten tal medida. Se confirmó que la auditoría especial solicitada sigue su curso legal, pero se exhortó a la Comisión de Asuntos Municipales a declarar improcedente la destitución. Con esto, se busca garantizar la estabilidad institucional y el restablecimiento total de los servicios públicos en el municipio, respetando el mandato democrático obtenido en las urnas.
