Por Ricardo Reyes.
El Centro Penitenciario «Venustiano Carranza» de Tepic, Nayarit, uno de los reclusorios estatales con mayor problemática de sobrepoblación en México, será objeto de una ampliación significativa. Así lo anunció el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del estado, Manasés Langarica Verdín, quien precisó que la medida responde a instrucciones directas del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
La obra, que implicará una inversión de varios millones de pesos, busca generar nuevos espacios de reclusión para despresurizar el centro y mejorar las condiciones de internamiento. Según el funcionario, esta ampliación beneficiará directamente a aproximadamente 400 personas privadas de su libertad, al reducir el hacinamiento extremo que ha caracterizado al penal durante décadas.
El Centro de Reinserción Social (CERESO) «Venustiano Carranza», construido originalmente para albergar alrededor de 700 internos, ha llegado a superar los 2,500 reclusos en periodos recientes, lo que lo ha colocado consistentemente entre los penales peor evaluados del país por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), debido a factores como sobrepoblación, condiciones de higiene deficientes y limitaciones en programas de reinserción.
Esta ampliación se enmarca en los esfuerzos del gobierno nayarita por dignificar el sistema penitenciario estatal, mejorar la gobernabilidad interna y avanzar en el cumplimiento de estándares de derechos humanos. Aunque en años previos se han realizado remodelaciones parciales y se ha propuesto incluso la reubicación del penal por su ubicación céntrica en la capital nayarita, la actual intervención representa un paso concreto para aliviar la saturación inmediata.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no detalló aún el calendario exacto de obras ni el monto preciso de la inversión, pero enfatizó que se trata de una prioridad para garantizar una estancia más digna y segura tanto para las personas privadas de libertad como para el personal penitenciario.
Con esta medida, el gobierno estatal busca mitigar una problemática estructural que ha afectado al penal durante más de 50 años, desde su inauguración en la década de 1960, y contribuir a una mejor reinserción social de quienes cumplen sentencia en el principal centro penitenciario de Nayarit.
