Por Javier Zapata.
En Nayarit no solo desaparecen personas. Desaparece la verdad, desaparece la urgencia institucional y desaparece la voluntad política para enfrentar una de las violaciones más graves a los derechos humanos: la desaparición de personas.
Cada ficha de búsqueda es un grito que el gobierno escucha… y archiva. Cada familia que recorre fiscalías, cerros y fosas improvisadas carga con una doble condena: la ausencia de su ser querido y el abandono del Estado. Porque cuando una persona desaparece y la autoridad no actúa con inmediatez, no estamos ante una omisión menor, estamos frente a una responsabilidad directa.
La narrativa oficial insiste en minimizar el problema. Se habla de “ausencias voluntarias”, de “casos no confirmados”, de “personas localizadas”, aunque jamás se explique cuántas regresaron con vida, cuántas fueron halladas sin ella y cuántas siguen enterradas en la estadística. La desaparición se maquilla con eufemismos mientras el dolor real crece en las calles.
Nayarit cuenta con leyes, protocolos, fiscalías especializadas y discursos bien ensayados. Lo que no tiene es resultados. La búsqueda no es inmediata, la investigación no es seria y la coordinación entre autoridades suele ser una ficción burocrática. La ley existe, pero se aplica tarde, mal o nunca. Y en materia de desapariciones, el tiempo mata.
Lo más grave no es solo la ausencia de las personas, sino la ausencia del Estado como garante de derechos. Cuando son las madres, los padres y los colectivos quienes hacen el trabajo que corresponde a las autoridades de buscar, investigar, exhumar, identificar queda claro que el problema no es de recursos, sino de voluntad y de complicidad silenciosa.
La desaparición de personas no es un fenómeno aislado ni inevitable. Es consecuencia directa de la impunidad, de la colusión, del miedo institucional a tocar intereses y de una estrategia de seguridad que presume control mientras tolera el horror. En Nayarit, desaparecer se ha vuelto demasiado fácil; encontrar justicia, casi imposible.
Guardar silencio frente a esto no es neutralidad, es complicidad.
Normalizar la desaparición es aceptar que cualquier persona puede ser la siguiente. Hoy son otros los ausentes; mañana puede ser cualquiera.
La pregunta ya no es cuántas personas faltan, sino cuánto más está dispuesto el poder a faltar a su obligación constitucional de proteger la vida y la dignidad humana.
Porque en Nayarit, mientras no haya verdad, justicia y memoria, la desaparición seguirá siendo una herida abierta… y el Estado, un ausente más.
