Ciudad de México (RRC): El abogado Epigmenio Mendieta, defensor de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de liderar una red de huachicol fiscal desde la Secretaría de Marina (Semar), afirmó que sus clientes están siendo utilizados como «chivos expiatorios» por las autoridades.
En entrevistas concedidas a medios como Latinus y otros portales, Mendieta cuestionó por qué la investigación se centra exclusivamente en los dos marinos —vicealmirante y contraalmirante, respectivamente— y no incluye a funcionarios de mayor rango, como el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán (tío político de los acusados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador) o el exoficial mayor César Carlos Preciado.
“Lo que están buscando son simplemente chivos expiatorios. Porque ahora, incluso, vamos a pensar que efectivamente son este parentesco, y entonces me pregunto yo por qué no está entonces vinculado también el secretario (Rafael Ojeda), ¿por qué no está el oficial mayor? ¿Por qué no están otros funcionarios que tendrían más alto rango en esa toma de decisiones?”, declaró el litigante.
La defensa argumenta que los hermanos Farías Laguna no contaban con el rango ni las atribuciones necesarias para designar personal en aduanas o facilitar el ingreso irregular de hidrocarburos, como sostiene la carpeta de investigación de la FGR. Según Mendieta, las acusaciones buscan proteger a mandos superiores y distraer la atención de posibles responsabilidades más altas en la estructura de la Semar.
El caso se relaciona con una presunta red de contrabando de combustibles (conocida como “Los Primos”), que habría involucrado la simulación de importaciones para evadir controles fiscales y aduaneros, con millones de litros de hidrocarburo introducidos ilegalmente desde Estados Unidos.
Manuel Roberto Farías Laguna permanece preso en el penal federal del Altiplano bajo prisión preventiva, mientras que su hermano Fernando es considerado prófugo tras reactivarse una orden de aprehensión en su contra. Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada con fines de delitos contra la hacienda pública, hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, con peticiones de penas que podrían llegar a 20-40 años de prisión.
Recientemente, una jueza de control ordenó a la FGR entregar la carpeta de investigación completa (incluidos tomos previamente ocultos o testados) a la defensa, tras denuncias de irregularidades en el acceso a la evidencia. Este jueves se realizó una audiencia en el Altiplano para abordar dichas anomalías.
La Semar, por su parte, ha procedido a dar de baja administrativa a los hermanos y otros elementos involucrados, argumentando incumplimiento de funciones o faltas injustificadas, aunque la defensa ha interpuesto amparos para frenar estas medidas mientras no exista sentencia firme.
La declaración del abogado Mendieta intensifica el debate sobre la profundidad de la investigación y posibles sesgos en el manejo del caso, uno de los más relevantes en materia de corrupción y huachicol durante el actual sexenio.
