Marina revela que 4 elementos han sido detenidos y dados de baja por huachicol fiscal.

Ciudad de México (RRC): La Secretaría de Marina (SEMAR) reveló que cuatro elementos de la institución han sido detenidos y dados de baja de manera definitiva por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, es decir, contrabando de combustible mediante importaciones simuladas o evasión de impuestos.

El anuncio lo hizo el titular de la SEMAR, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, durante la conferencia matutina del gobierno federal celebrada en Puebla el 22 de enero de 2026. Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario detalló que estos cuatro marinos no solo enfrentan procesos judiciales en curso, sino que ya fueron separados de la Armada mediante procedimientos administrativos.

Este caso forma parte de la investigación mayor sobre una red de huachicol fiscal ligada al decomiso histórico de millones de litros de hidrocarburos en Tamaulipas (principalmente en marzo de 2025), donde se involucraron importaciones irregulares a través de buques, con participación de empresarios, exfuncionarios aduanales y personal naval.

Entre los elementos dados de baja y detenidos destacan los hermanos Farías Laguna: el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna (separado desde diciembre de 2025 y en prisión preventiva desde septiembre de 2025 por delincuencia organizada) y el contralmirante Fernando Farías Laguna (prófugo en un momento, pero ya dado de baja en septiembre de 2025). Ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.

Las autoridades han enfatizado que estas acciones forman parte de una política de cero tolerancia a la corrupción dentro de las fuerzas armadas, y que la investigación continúa para identificar a más posibles involucrados. Hasta el momento, el caso ha derivado en al menos 14 detenciones totales (incluyendo civiles y otros marinos), congelamiento de cuentas y aseguramiento de propiedades.

La SEMAR reiteró su compromiso con la transparencia y la colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) para combatir este delito que afecta las finanzas públicas y la seguridad energética del país.

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