Ciudad de México (RRC): El Gobierno de la Ciudad de México enfrenta una nueva sanción económica por el persistente incumplimiento de un contrato suscrito en 1999 por Alejandro Gertz Manero —actual ex titular de la Fiscalía General de la República— cuando era secretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal.
De acuerdo con información publicada por el semanario Proceso, autoridades judiciales han impuesto multas al gobierno capitalino por no cumplir con el pago pendiente a la empresa A.P. American Protective, S.A. de C.V., derivado de la adquisición de 8 mil 995 chalecos antibalas pactada hace más de 26 años.
El contrato, firmado el 24 de noviembre de 1999, establecía la entrega de los chalecos en enero y febrero de 2000 a cambio de un pago total de 2 millones 17 mil 128.75 dólares. Sin embargo, el gobierno nunca expidió la carta de crédito requerida, lo que generó el incumplimiento y una deuda que se mantiene vigente pese a múltiples sentencias firmes.
A lo largo de las administraciones de Miguel Ángel Mancera, Claudia Sheinbaum, Martí Batres y la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada, se han interpuesto diversos recursos legales para evitar el pago, argumentando falta de recursos presupuestales y cambios en las condiciones originales del contrato. Estas estrategias han resultado en más de 100 mil pesos acumulados en multas por incumplimientos reiterados.
En fechas recientes, un juez federal confirmó la obligación de saldar la deuda ajustándola al tipo de cambio actual, lo que implica que la cantidad de chalecos a entregar sería menor debido al incremento significativo en su precio unitario (de aproximadamente 135 dólares en 1999 a varias veces más en la actualidad). No obstante, el gobierno capitalino ha continuado impugnando las resoluciones.
El caso ha generado controversia por el contraste entre la deuda heredada de Gertz Manero y las sucesivas negativas de pago por parte de gobiernos de la misma coalición política. Incluso se ha mencionado el riesgo de medidas de apremio más severas, como la posible orden de arresto administrativo contra la actual mandataria capitalina, aunque los trámites continúan dilatándose por cambios de juzgadores y recursos pendientes.
Hasta el momento, ni el Gobierno de la CDMX ni la empresa proveedora han emitido declaraciones adicionales sobre esta última multa reportada. El litigio, que lleva más de dos décadas, representa uno de los casos más prolongados de deuda contractual en la administración pública de la capital.
