Por Ricardo Reyes.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California enfrenta una seria controversia tras la difusión en foros cibernéticos criminales de una base de datos que contiene información sensible de al menos 1,304 agentes y funcionarios de la institución.
De acuerdo con reportes del periodista especializado en tecnología Ignacio Gómez Villaseñor, un usuario identificado como Straightnumberone publicó en plataformas de la dark web y foros relacionados con cibercrimen diversos datos personales que permiten identificar y ubicar a elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y otros servidores de la FGE.
Entre la información expuesta se encuentran:
- Nombres completos
- Cargos y rangos
- Zonas o ciudades de adscripción
- Correos electrónicos personales
- Clave Única de Identificación Permanente (CUIP)
El hecho fue denunciado públicamente por el partido Movimiento Ciudadano, que calificó la situación como una «grave falla de seguridad» y exigió a la Fiscalía una explicación detallada sobre el alcance del daño, las medidas de protección implementadas para el personal afectado y las acciones para evitar que se comprometa la seguridad de los agentes y sus familias.
La filtración representa un riesgo directo en un contexto de alta violencia en la región, donde los agentes ministeriales y de investigación son blancos frecuentes de grupos del crimen organizado.
Versión oficial de la Fiscalía.
Fuentes consultadas dentro de la propia FGE han minimizado el incidente, afirmando que no se trató de un hackeo a sus sistemas internos, sino de la difusión de información que ya era de carácter público o accesible mediante otras vías institucionales (como directorios oficiales o datos de transparencia).
La institución descartó que se haya vulnerado su base de datos principal y señaló que gran parte de los datos expuestos —como nombres, cargos y adscripción municipal— pueden obtenerse legalmente a través de solicitudes de información pública.
A pesar de esta postura, especialistas en ciberseguridad y organizaciones civiles advierten que la combinación de estos datos aparentemente públicos con correos electrónicos personales y la CUIP genera un perfil mucho más detallado y peligroso para los agentes, facilitando potenciales campañas de doxxing, extorsión o atentados selectivos.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un comunicado oficial detallado ni ha informado sobre la activación de protocolos de protección para el personal expuesto.
Movimiento Ciudadano y diversos analistas han demandado una auditoría independiente de los sistemas de seguridad informática de la institución, así como la implementación urgente de medidas de protección de datos personales conforme a la legislación federal y estatal en la materia.
La filtración se suma a las preocupaciones existentes sobre la vulnerabilidad de las instituciones de seguridad en Baja California, en un año que cerró 2025 con una reducción significativa de homicidios dolosos (-27%), pero con persistentes retos en materia de protección a quienes integran las fuerzas del orden.
La sociedad civil y partidos de oposición esperan respuestas claras de la fiscal María Elena Andrade Ramírez en las próximas horas.
