Durango, México (RRC): Un caso que ha generado indignación y amplio debate en redes sociales y medios nacionales se registra en el estado de Durango. El abogado Cristian Jafet Montenegro Chairez (también referido como Cristian Janet Montenegro Chairez tras el cambio registral) modificó legalmente su identidad de género de masculino a femenino, en el contexto de un prolongado conflicto judicial con su expareja, la psicóloga Gloria Valentina Méndez Arámbula.
Según el testimonio de Méndez Arámbula, publicado originalmente por el diario La Jornada el pasado 4 de enero, la relación con Montenegro Chairez estuvo marcada por presuntos episodios de violencia familiar, infidelidades y amenazas. La pareja contrajo matrimonio en junio de 2021 tras un periodo de noviazgo y concubinato, y tuvieron una hija que actualmente tiene cuatro años de edad (identificada como VEMM en las notas periodísticas).
La psicóloga relata que, en determinado momento, su entonces esposo le habría dicho textualmente: “No quiero volver a saber nada de esa niña, no es mi hija”. Posteriormente, según la denunciante, procedió a realizar el trámite de rectificación de acta de nacimiento para cambiar su género registral a femenino.
Gloria Valentina asegura que esta modificación fue una estrategia para evadir la obligación de pagar la pensión alimentaria de la menor y complicar los procesos judiciales en su contra, incluyendo demandas por violencia familiar. En una de las múltiples audiencias, Montenegro Chairez presentó su nueva acta de nacimiento y solicitó ser atendido con perspectiva de género, lo que —según la afectada— generó confusión en el juzgador y derivó en resoluciones desfavorables para ella, incluyendo una vinculación a proceso por supuesto delito de sustracción de menores.
Expertos y comentaristas jurídicos consultados en diversas notas señalan que, conforme a la legislación vigente en la mayoría de entidades (incluido Durango), las obligaciones alimentarias contraídas con anterioridad al cambio de identidad registral subsisten plenamente y son irrenunciables. El cambio afecta la identidad registral, pero no extingue automáticamente las responsabilidades civiles hacia los hijos.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer una respuesta oficial por parte de Cristian Jafet Montenegro Chairez ni una resolución definitiva de los juzgados familiares involucrados. El caso continúa generando opiniones divididas: mientras algunos lo ven como una burla al sistema judicial y a las víctimas de violencia de género, otros advierten sobre la necesidad de no estigmatizar el derecho a la identidad de género por acciones individuales.
El interés superior del menor, principio rector en materia familiar, se mantiene como el eje central del debate. La historia judicial de Gloria Valentina Méndez —quien afirma llevar cuatro años “judicializada” por múltiples denuncias de su ex pareja— pone en evidencia las complejidades y posibles vacíos en la aplicación de la perspectiva de género en los tribunales duranguenses.
Este caso, que muchos califican de “surrealista”, pone sobre la mesa la tensión entre derechos individuales y obligaciones parentales en el marco legal mexicano.
