Por Javier Zapata.
A partir del 1 de enero de 2026, el discurso oficial vuelve a ser el mismo: “no es un aumento, es una actualización por inflación”. El Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IEPS sube, las cuotas por litro crecen y el automovilista paga más. Legal, sí. Inevitable, quizá. Justificable en los hechos cotidianos, difícilmente.
El ajuste anual del IEPS a gasolinas y diésel, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se presenta como un ejercicio técnico para “preservar el valor real de la recaudación”. Sin embargo, en la práctica, lo que se preserva es otra cosa: la normalización de que el ciudadano pague más por un producto que ni siquiera siempre recibe completo.
Porque mientras Hacienda afina porcentajes y fórmulas, en muchas estaciones de servicio el litro sigue siendo una medida elástica. No falla el precio en el tablero, falla la cantidad en la manguera. El resultado es un sobreprecio silencioso, imposible de detectar a simple vista y convenientemente tolerado por una supervisión que parece mirar hacia otro lado.
La paradoja es evidente: el Estado actualiza el impuesto con precisión milimétrica, pero permite que la entrega del combustible siga siendo aproximada. La ley es inflexible para cobrar, flexible para vigilar. Y en ese desequilibrio, el consumidor siempre pierde.
Más inquietante aún es la figura de las gasolinerías “en proceso de regularización”. Un eufemismo elegante para describir estaciones que operan con observaciones, sanciones pendientes o equipos irregulares, pero que continúan despachando como si nada. Autorizadas a vender, no necesariamente a cumplir. El mensaje implícito es devastador: la irregularidad no detiene el negocio.
El incremento del IEPS no llega solo. Se suma a costos logísticos, al tipo de cambio, a la dependencia de importaciones y, por supuesto, a la cuesta de enero. Todo converge en el mismo punto: llenar el tanque cuesta más y rinde menos. No por el mercado, sino por la combinación de impuestos crecientes y controles laxos.
La autoridad fiscal insiste en que el impacto es marginal, casi imperceptible por litro. Pero el consumidor no carga litros; carga tanques. Y cuando el aumento se acumula, y además el volumen entregado no corresponde a lo pagado, el golpe al bolsillo deja de ser técnico y se vuelve tangible.
Este no es un alegato contra los impuestos. Es una crítica a la asimetría. El Estado exige puntualidad absoluta al contribuyente, pero muestra indulgencia con quienes incumplen frente a la bomba. Recauda con rigor, pero supervisa con cortesía. Y esa cortesía, financiada por el consumidor, resulta demasiado cara.
Si el IEPS va a subir cada año, que suba también el estándar. Más inspecciones reales, menos simulación; más clausuras efectivas, menos “regularizaciones” eternas; más transparencia pública sobre quién cumple y quién no. De lo contrario, el aumento de 2026 no será solo un ajuste inflacionario: será otro capítulo en la larga historia de pagar más… por menos.
“Nayarit: fraude en la bomba y golpe a la economía
En Nayarit, el aumento del IEPS se suma a un problema más grave: gasolineras que engañan al consumidor. Las quejas por litros incompletos y cobros irregulares son constantes, mientras muchas estaciones señaladas continúan operando sin sanciones ejemplares.
Cada litro faltante funciona como un impuesto oculto que daña directamente la economía familiar y encarece el transporte, los alimentos y los servicios. El impacto no se limita al automovilista; se traslada a toda la cadena productiva local.
La incongruencia es evidente: se cobra más por decreto, pero no se garantiza ni la cantidad ni la legalidad en la venta. Mientras la recaudación es estricta, la supervisión es laxa. En ese vacío, el fraude se normaliza y el costo lo asume el ciudadano.
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