Ciudad de México (RRC): En un contexto de presunta «parálisis operativa», al menos 22 de las 29 fiscalías estatales de México cerraron el 2024 con un mayor número de órdenes judiciales pendientes de ejecución que al inicio del año, lo que se traduce en un incremento del 5.20% en el rezago nacional, equivalente a 9,414 órdenes adicionales. Este dato, revelado por el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2025 del INEGI, apunta a una supuesta ineficacia en la persecución penal, con bajadas en la ejecución de citatorios y detenciones, pese a los anuncios gubernamentales de miles de aprehensiones por parte de fuerzas de seguridad.
El informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), basado en datos proporcionados por las propias fiscalías, indica que el total de órdenes pendientes pasó de 180,862 al arranque de 2024 a 190,276 al cierre del año. Durante el periodo, se giraron 112,466 nuevas órdenes judiciales —que incluyen aprehensiones, reaprehensiones, citaciones y comparecencias—, pero solo se cumplieron 93,721, dejando un saldo negativo de casi 19,000 casos sin resolver. Este desbalance se extiende a la Fiscalía General de la República (FGR), que heredó un legado controvertido de la era de Alejandro Gertz Manero, quien renunció en noviembre amid escándalos y presiones políticas.
Las Fiscalías Más Afectadas: Tabasco y Campeche Lideran el Rezago.
El análisis detallado del censo destaca a varias fiscalías estatales como las más rezagadas, con incrementos porcentuales drásticos en órdenes pendientes. Tabasco encabeza la lista con un aumento del 34,200%, pasando de apenas 3 órdenes al inicio del año a 1,026 pendientes al final; de las 2,147 giradas, solo se ejecutaron 1,109. Le sigue Campeche, con un salto del 1,525% (de 43 a 699 pendientes), donde de 353 órdenes emitidas, 205 quedaron sin cumplir.
Otras entidades con crecimientos significativos incluyen:
- Puebla: +166% (de 1,772 a 4,715 pendientes; 4,043 giradas, 4,638 cumplidas, pero rezago neto positivo).
- Sonora: +70.68% (de 1,620 a 2,765; 4,299 giradas, 2,300 cumplidas).
- Baja California: +52.31% (de 7,951 a 11,510; 10,666 giradas, 12,110 cumplidas, con rezago de +4,159).
- Yucatán: +41.1% (de 766 a 1,082; 1,093 giradas, 1,087 cumplidas).
- Durango: +32.86% (de 925 a 1,229).
- Hidalgo: +22% (de 491 a 599).
- Chiapas: +18.99%.
- Aguascalientes: +18.57%.
- Baja California Sur: +18.48%.
- Nayarit: +16.52%.
- San Luis Potosí: +16.41%.
- Quintana Roo: +12%.
- Nuevo León: +11.34%.
- Tamaulipas: +9.05%.
- Guanajuato: +4.27% (de 6,669 a 6,954; 7,868 giradas, 7,593 cumplidas).
En casos extremos, como Tlaxcala, el rezago creció un 1,600% (de 0 a 16 pendientes), aunque su tasa de efectividad fue alta (96.44%, con 271 de 281 órdenes cumplidas). La Ciudad de México fue excluida del análisis por datos incompletos, mientras que solo cinco fiscalías estatales y la FGR reportaron reducciones en su backlog.
Expertos consultados señalan que este rezago impacta directamente en la reducción de citatorios efectivos y detenciones judiciales, ya que muchas órdenes de aprehensión y presentaciones quedan en el limbo administrativo. «Las fiscalías parecen haber dejado de hacer su trabajo básico: ejecutar lo que ordena un juez», comentó un analista penal anónimo, quien vinculó el fenómeno a la transición post-Gertz Manero y recortes presupuestales en procuraduría.
Contraste con la Narrativa Gubernamental: ¿Más Detenciones, Menos Ejecución?.
El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, contrasta esta realidad con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En los primeros 14 meses de administración (octubre 2024-noviembre 2025), se reportan 38,773 detenciones por delitos de alto impacto, junto con el decomiso de 311.7 toneladas de droga y 20,169 armas de fuego. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, atribuyó estos logros a la «Estrategia Nacional de Seguridad», que incluye detenciones masivas y coordinación con estados, resultando en una caída del 37% en homicidios dolosos diarios (de 86.9 a 54.7 víctimas por día).
Sin embargo, críticos argumentan que estas aprehensiones iniciales por policía no se traducen en judicializaciones efectivas debido al rezago fiscal. En delitos como extorsión, aunque se iniciaron 3,684 carpetas de investigación y 615 detenciones en 22 entidades, el aumento en pendientes sugiere que muchos casos no avanzan a vinculación o sentencia. La FGR, por su parte, solo contabilizó órdenes de aprehensión en su reporte, omitiendo citatorios y otras medidas, lo que opaca el panorama completo.
Implicaciones: ¿Cero Impunidad o Parálisis Institucional?.
Este desequilibrio plantea interrogantes sobre la promesa de «cero impunidad» de la actual administración. Mientras el INEGI documenta un aumento del 14.7% en procedimientos pendientes a nivel nacional (2,397,281 en 2024), voces opositoras como las de Morena disidentes y analistas independientes urgen una auditoría profunda. La renuncia de Gertz Manero, amid acusaciones de ineficacia y violaciones constitucionales, deja un vacío que la nueva fiscala en turno, Ernestina Godoy, deberá llenar.
El censo del INEGI, publicado en octubre de 2025, no solo mide números, sino la confianza en el sistema de justicia. Con 413,947 averiguaciones e investigaciones pendientes al cierre de 2024, México enfrenta el reto de alinear detenciones operativas con ejecución judicial para combatir la impunidad que, según estimaciones, afecta al 90% de los delitos en el país.
