Ciudad de México (RRC): Lo que inició como una medida sanitaria para proteger a los jóvenes de los riesgos del vapeo se ha convertido en un emporio ilícito controlado por siete cárteles mexicanos. El mercado negro de vapeadores y tabaco genera entre 15 y 20 mil millones de pesos anuales, según un informe revelador de la organización civil Defensorxs, que expone cómo la prohibición absoluta de estos productos ha entregado un negocio de bajo riesgo y alto rendimiento al crimen organizado.
La historia comienza en 2022, con un decreto presidencial impulsado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador que vetó la importación y comercialización de cigarrillos electrónicos y dispositivos similares. Esta restricción, justificada por preocupaciones de salud pública, escaló en enero de 2025 con una reforma constitucional firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que criminaliza cualquier actividad relacionada con su producción, distribución o venta. Sin embargo, lejos de erradicar el consumo, la medida ha disparado la demanda clandestina, impulsando un mercado paralelo donde los productos circulan sin controles sanitarios ni fiscales.
Cárteles en la Cadena de Suministro: De Asia a las Calles.
El informe «Humo, vapeo y poder: el nuevo negocio del crimen organizado» detalla cómo siete grupos delictivos –Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Chapitos (facción del Cártel de Sinaloa), Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y La Unión Tepito– dominan cada eslabón de la cadena ilícita. Los Chapitos lideran la importación nacional de vapeadores desde Asia, mientras La Unión Tepito ha forjado alianzas con proveedores chinos para inundar la Ciudad de México. Incluso el Cártel del Noreste estampa sus siglas «CDN» en los dispositivos, emulando tácticas de branding criminal vistas en el pasado con Los Zetas.
Las rutas de contrabando, antes exclusivas para drogas y armas, ahora transportan vapeadores a través del Pacífico (Sinaloa-Nogales y Jalisco-Laredo), el Golfo (Veracruz-Brownsville) y el centro del país (Guanajuato-El Paso). La Nueva Familia Michoacana utiliza este tráfico para reforzar su control social en Tierra Caliente, Michoacán, y el Cártel del Golfo ha adaptado sus vías hacia Texas para evadir la presión antidrogas de Estados Unidos. «Es un mercado con bajos riesgos y altísimos rendimientos», advierte el periodista Óscar Balderas, experto en crimen organizado, quien estima que estas ganancias financian armas, extorsiones y secuestros.
En las calles, la distribución se realiza vía redes sociales, tianguis y vendedores ambulantes, a menudo menores de edad reclutados en escuelas. Dos de cada diez cigarros consumidos en México provienen de este mercado negro, un porcentaje superior al 10-12% global, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Impactos Sanitarios y Económicos: Pérdidas Millonarias para el Estado.
La ausencia de regulación ha multiplicado los riesgos para los consumidores. Productos adulterados con arsénico, mercurio o metales pesados circulan sin trazabilidad, exacerbando problemas como el EVALI (lesión pulmonar asociada al vapeo). Expertos como Juan José Cirión Lee, del colectivo México y el Mundo Vapeando, señalan que el 6% de la población adulta –unos cinco millones de personas– usa vapeadores, muchos como herramienta para dejar el tabaco tradicional, que es 95% más dañino según el Royal College of Physicians del Reino Unido.
Económicamente, la prohibición representa un golpe al fisco: un estudio del Colegio de México calcula el mercado en 26 mil millones de pesos anuales solo en líquidos y cartuchos, con potencial recaudatorio de hasta 6 mil 900 millones vía IEPS –equivalente al 30% del presupuesto de Jóvenes Construyendo el Futuro–. En cambio, el gobierno pierde ingresos mientras los cárteles lavan dinero y expanden su influencia.
La oposición en el Congreso, incluyendo PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, critica la iniciativa reciente de la Cámara de Diputados –aprobada en comisiones el 2 de diciembre con sanciones de hasta ocho años de prisión y multas de 226 mil pesos– por «criminalizar a los usuarios y regalar un mercado al narco». Diputados como Juan Ignacio Zavala Gutiérrez argumentan que medidas punitivas solo empujan el consumo a la clandestinidad, facilitando el acceso de menores.
Voces del Mercado Negro y Llamados a la Regulación.
En redes sociales, el debate hierve. Usuarios como @Davidsbundler_ denuncian: «Les urge el dinero del mercado negro de los vapeadores. Ustedes están desfalcando México». Activistas de Vaperos Unidos de México protestaron en 2022 frente a la Cofepris exigiendo regulación, no prohibición. «La trazabilidad se elimina; hoy un vape en una tiendita puede contener veneno», alerta Balderas.
Desde Estados Unidos, el exsecretario de Defensa Mark T. Esper escribió en USA Today que la política mexicana «otorga al crimen organizado una oportunidad de contrabando lucrativa», recomendando homologación regulatoria bilateral. En Chile, la OPS respalda un modelo estricto pero regulado: prohibición de ventas a menores, restricciones publicitarias y fiscalización, sin vetos absolutos.
¿Hacia una Regulación Integral?.
Expertos de Defensorxs demandan una estrategia multifacética: regulación clara, fortalecimiento aduanero y combate a redes criminales. «Prohibir sin alternativas solo fortalece al narco», concluye Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización. Mientras el pleno de Diputados votará la ley esta semana, el dilema persiste: ¿salud pública o regalo al crimen? El humo del vapeo clandestino ya envuelve al país, recordando que las buenas intenciones, sin control, pueden exhalar violencia y veneno.
