Ciudad de México (RRC): En un movimiento que refuerza la agenda bilateral en materia de seguridad, autoridades mexicanas y estadounidenses se encuentran en la fase final de planificación para una tercera extradición masiva de narcotraficantes de alto perfil a territorio norteamericano, según reveló este viernes The Wall Street Journal (WSJ). Esta operación, que podría involucrar a decenas de líderes criminales vinculados a cárteles como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas, marca la culminación de una estrategia agresiva impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum en 2025, en respuesta a las presiones del presidente Donald Trump.
La noticia llega en vísperas de un encuentro clave entre Sheinbaum y Trump en Washington, donde se espera que la cooperación antinarcóticos sea uno de los ejes centrales de la discusión. Fuentes consultadas por el WSJ indican que, tras dos entregas récord este año –una en febrero con 29 capos y otra en agosto con 26–, la tercera fase busca «despresurizar» el sistema penitenciario mexicano y neutralizar la capacidad operativa de los reos desde las cárceles de alta seguridad en EU.
Un año de extradiciones récord: de Caro Quintero a «La Tuta»
El 2025 ha sido testigo de una ofensiva sin precedentes contra el crimen organizado transfronterizo. La primera entrega, el 27 de febrero, incluyó a 29 objetivos prioritarios, entre ellos el legendario Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, y exlíderes de Los Zetas como Miguel Treviño Morales, alias «Z-40». Estos traslados, realizados en vuelos militares desde un aeródromo cercano a la capital, sorprendieron incluso a los propios implicados, quienes creían ser liberados tras supuestos sobornos.
La segunda tanda, el 12 de agosto, sumó 26 nombres más, destacando a Servando Gómez Martínez, «La Tuta», exlíder de Los Caballeros Templarios y operador de laboratorios de metanfetaminas en Michoacán; Abigael González Valencia, «El Cuini», cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes («El Mencho») y cerebro financiero del CJNG; y Juan Carlos Félix Gastélum, «El Chavo Félix», ligado al Cártel de Sinaloa. Otros en la lista incluyen a Kevin Gil Acosta, «El 200», y miembros de «Los Chapitos», facción de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Estas operaciones no estuvieron exentas de riesgos. El Gabinete de Seguridad, coordinado por Omar García Harfuch, implementó medidas extremas: reemplazo masivo de custodios en prisiones para evitar envenenamientos, traslados en horarios de bajo tráfico vial y un «búnker secreto» en la Ciudad de México para albergar a los reos por hasta tres días. El objetivo era impedir filtraciones que alertaran a los cárteles y garantizar la supervivencia de los extraditados para que colaboren con la justicia estadounidense.
Estados Unidos, por su parte, se comprometió a no aplicar la pena de muerte en estos casos, un punto clave en las negociaciones bilaterales. La embajada de EU en México emitió un comunicado de agradecimiento tras la entrega de agosto, destacando el «compromiso mutuo contra el narcotráfico».
Presión de Trump y críticas internas
El WSJ atribuye el ritmo acelerado de estas extradiciones a la «presión de Trump», quien desde su reelección ha intensificado demandas para combatir el flujo de fentanilo y metanfetaminas hacia EU. Analistas señalan que esta colaboración evita escenarios más drásticos, como intervenciones militares directas en territorio mexicano, pero ha generado controversia en México. Críticos, como el periodista José Luis Montenegro, argumentan que las entregas masivas priorizan la agenda de Washington sobre la soberanía judicial mexicana, mientras que defensores como García Harfuch las justifican como un golpe a la «capacidad de mando» de los capos desde prisión.
En redes sociales, la noticia ha generado debate. Usuarios en X (antes Twitter) celebran el debilitamiento de los cárteles, pero otros cuestionan si estas extradiciones no incentivarán retaliaciones violentas. «Es un paso audaz, pero ¿a qué costo para la paz en nuestras calles?», tuiteó un analista de seguridad el 5 de diciembre.
¿Qué sigue? Una cooperación que podría volverse permanente
La tercera entrega, aún sin fecha confirmada, podría elevar la cifra anual por encima de los 80 narcotraficantes, consolidando un modelo de «expulsión acelerada» que el WSJ describe como «uno de los pilares más duros de la relación bilateral en años recientes». Negociaciones en curso buscan integrar a más reos que ya cumplen sentencia en México, con énfasis en delitos como lavado de dinero, secuestro y homicidio.
Mientras Sheinbaum y Trump se reúnen, México enfrenta el desafío de equilibrar esta alianza con la protección de derechos humanos y la estabilidad interna. Como afirmó un funcionario anónimo al WSJ: «Estamos rompiendo cadenas, pero también estamos en la mira». La tercera fase no solo extraditará criminales, sino que definirá el tono de la lucha contra el narco en la era Trump-Sheinbaum.
Basado en reportes de The Wall Street Journal y fuentes oficiales mexicanas.
