Nueva York (RRC): En un escándalo que sacude los cimientos de la lucha antidrogas en Estados Unidos, un exagente de alto nivel de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y su socio han sido formalmente acusados de conspirar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más violentos de México. Los cargos incluyen lavado de millones de dólares en ganancias de narcotráfico, así como intentos de obtener armas de fuego y explosivos de grado militar para el cártel, designado como organización terrorista extranjera por Washington en febrero de este año.
Paul Campo, de 61 años y residente en Oakton, Virginia, quien se retiró de la DEA en 2016 tras 25 años de servicio como subdirector de operaciones financieras, y Robert Sensi, de 75 años, originario de Boca Ratón, Florida, enfrentan cuatro cargos federales graves: conspiración por narcoterrorismo, terrorismo, distribución de narcóticos y lavado de dinero. La acusación, desvelada este viernes por un jurado federal en Manhattan, detalla cómo los acusados cayeron en una operación encubierta orquestada por autoridades estadounidenses.
Según el documento judicial, en el último año, Campo y Sensi acordaron lavar aproximadamente 12 millones de dólares procedentes del tráfico de drogas para el CJNG. En una maniobra que creyeron destinada al cártel, convirtieron 750 mil dólares en efectivo a criptomonedas, sin saber que el dinero terminaba en manos del gobierno federal. Además, facilitaron un pago por unos 220 kilogramos de cocaína, que supuestamente se distribuiría en Estados Unidos para generar ganancias de hasta cinco millones de dólares, de los cuales tomarían una tajada.
Pero los planes no terminaron ahí. Los acusados también se prestaron a investigar la adquisición de armamento pesado para el CJNG, incluyendo drones comerciales, rifles semiautomáticos AR-15, carabinas M4, lanzagranadas y granadas propulsadas por cohetes. Todo esto se gestó en reuniones con un informante confidencial que se hacía pasar por miembro del cártel, pero que en realidad operaba bajo la dirección de funcionarios policiales.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, no escatimó en palabras al calificar el caso como una traición imperdonable. «Paul Campo y Robert Sensi se asociaron para ayudar al CJNG, uno de los cárteles mexicanos más notorios, responsable de innumerables muertes a través de la violencia y el tráfico de drogas en Estados Unidos y México», declaró Clayton en un comunicado. «Campo traicionó su juramento y su carrera en la DEA al aliarse con terroristas narcotraficantes».
El abogado defensor de Campo, Mark Gombiner, rechazó de plano las imputaciones, tildándolas de «sensacionalistas e incoherentes». En particular, negó que sus clientes hubieran acordado explícitamente explorar la obtención de armas para el cártel, argumentando que se trata de una «excusa por falta de evidencia sólida». Sensi, por su parte, no ha emitido declaraciones públicas hasta el momento.
Este caso no es aislado y pone en jaque la integridad de la DEA. La Associated Press ha documentado al menos 16 agentes de la agencia acusados de delitos federales en la última década, desde pornografía infantil y tráfico de drogas hasta filtraciones de información sensible y ventas de armas a cárteles. Estos incidentes revelan «graves deficiencias en la supervisión», según expertos, y han impulsado reformas internas, como nuevos controles sobre fondos para operaciones encubiertas implementados en 2021.
El CJNG, liderado por figuras como Nemesio Oseguera Cervantes –»El Mencho»–, ha sido blanco prioritario de la DEA por su expansión agresiva en el tráfico de fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos, así como por su designación como terrorista por el secretario de Estado, Marco Rubio. La captura de exagentes como Campo podría ser un golpe simbólico, pero también un recordatorio de las vulnerabilidades en la guerra contra el narco.
Ambos acusados comparecerán pronto ante la justicia federal. Si son declarados culpables, enfrentan décadas de prisión. Mientras tanto, el caso sigue abierto, y las autoridades prometen profundizar en posibles ramificaciones dentro y fuera de la DEA. Este escándalo no solo mancha el legado de un agente veterano, sino que cuestiona la frontera entre el deber y la corrupción en la lucha global contra el crimen organizado.
