Por Ricardo Reyes.
En un giro que parece sacado de una novela de narcos, Joaquín Guzmán López, conocido como «El Güero» y uno de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, ha roto el silencio en una corte federal de Chicago. El 1 de diciembre de 2025, durante una audiencia donde se declaró culpable de cargos por narcotráfico y crimen organizado, Guzmán López confesó haber orquestado el secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada, su padrino y cofundador del Cártel de Sinaloa. No fue una rendición voluntaria, como se especuló inicialmente, sino una traición calculada: un engaño con sedantes, hombres armados irrumpiendo por una ventana y un vuelo privado hacia la frontera con Estados Unidos. Mientras esta bomba judicial estalla al norte del Río Bravo, México guarda un silencio ensordecedor, un mutismo que huele a complicidad institucional y a un país paralizado por el miedo y la impunidad.
El relato del secuestro: una traición familiar.
Todo comenzó el 25 de julio de 2024, en las afueras de Culiacán, Sinaloa. Guzmán López, de 39 años y líder de la facción conocida como «Los Chapitos» —herederos del imperio de su padre—, contactó previamente con el FBI para ofrecer una «entrega» que esperaba le granjeara favores judiciales, tanto para él como para su hermano Ovidio Guzmán López, extraditado en 2023. Bajo el pretexto de resolver una disputa interna en el cártel, invitó a El Mayo a una reunión en una casa en Huertos del Pedregal. El anzuelo: supuestamente, estarían presentes el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el exalcalde Héctor Melesio Cuén —quien, irónicamente, apareció asesinado poco después.
Zambada, de 77 años y con más de cinco décadas evadiendo a la justicia, mordió el cebo. Desconfiado pero confiado en su viejo socio —El Chapo y El Mayo fundaron el Cártel de Sinaloa en los años 80—, entró en una habitación oscura con Guzmán López. Ahí, el hijo del Chapo había removido disimuladamente el vidrio de una ventana. Cerró la puerta con llave, y en segundos, un grupo de hombres armados con uniformes militares irrumpió por el hueco. Ataron a El Mayo, le colocaron una capucha y lo cargaron como a un fardo.
El traslado fue cinematográfico. Lo subieron a la parte trasera de una camioneta, donde Guzmán López lo sostuvo en su regazo para evitar que se moviera. Quince minutos después, llegaron a una pista clandestina en el Rancho Lazareto. En un avión privado, Zambada fue amarrado a un asiento. Para calmarlo —o incapacitarlo—, Guzmán López preparó una bebida con sedantes, de la que bebió un sorbo él mismo para no levantar sospechas, y el resto se lo dio a su víctima. El vuelo aterrizó en Nuevo México, donde agentes de la DEA esperaban para arrestar a ambos: Zambada por narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas; Guzmán López, por su rol en el complot. «El gobierno de Estados Unidos no solicitó, indujo, sancionó, aprobó ni toleró el secuestro», aclaró el fiscal Andrew Erskine en la corte, negando cualquier «crédito de cooperación» a los hermanos Guzmán por esta jugada.
Esta confesión, detallada en un documento de 20 páginas firmado por Guzmán López, corrobora la carta que El Mayo envió a través de su abogado en agosto de 2024, donde denunció la «traición» y rechazó la narrativa de una rendición voluntaria. «La idea de que me entregué o cooperé es completamente falsa», escribió Zambada, quien ya se había declarado culpable en Nueva York de cargos similares y enfrenta una posible cadena perpetua.
Las raíces de la fractura: Los Chapitos contra Los Mayos.
El secuestro no fue un capricho aislado, sino el clímax de una guerra intestina que ha desangrado al Cártel de Sinaloa desde la captura de El Chapo en 2016 y su extradición en 2017. Los Chapitos —hijos de El Chapo con diferentes madres, como Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín— representan la generación millennial del narco: agresivos, adictos al fentanilo y propensos a la violencia espectacular, como el «Culiacanazo» de 2019. Enfrente, Los Mayos —leales a Zambada y su familia— encarnan la vieja guardia: discretos, meticulosos y con redes políticas profundas en Sinaloa.
La traición de Guzmán López aceleró el colapso. Inmediatamente después del arresto de El Mayo, Culiacán se convirtió en un infierno. Bloqueos carreteros, tiroteos con el Ejército, quema de vehículos y decenas de muertos marcaron los días siguientes. La capital sinaloense, cuna del cártel, vio cómo la fractura se extendía a Guerrero, Chihuahua y Baja California, con «Los Chapitos» culpados de masacres como la de 19 personas en Tepoca, Sonora, en septiembre de 2024. Hasta 2025, la violencia ha cobrado más de 1,500 vidas en Sinaloa, según conteos independientes, y ha desplazado a miles de familias.
Guzmán López, en su declaración, admitió supervisar el tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas, marihuana y, sobre todo, fentanilo —el opioide sintético que mata a 100,000 estadounidenses al año y que el Departamento de Justicia vincula directamente a Los Chapitos—. Pero su esperanza de un «pacto con el diablo» estadounidense se evaporó: no habrá reducción de sentencia por el secuestro, aunque sí por su rol como testigo colaborador.
México calla: ¿impunidad o parálisis?.
Mientras Estados Unidos celebra esta victoria judicial —con Zambada y Guzmán López en celdas de máxima seguridad—, México parece congelado en un silencio cómplice. El gobierno de Claudia Sheinbaum, que asumió en octubre de 2024, ha evitado pronunciarse sobre la confesión, limitándose a notas lacónicas de la Secretaría de Seguridad. ¿Por qué? Fuentes periodísticas señalan nexos políticos: la reunión fallida involucraba al gobernador Rocha y al difunto Cuén, del PAS, un partido aliado de Morena. ¿Fue un montaje narco-político que salió mal? El mutismo oficial recuerda el «abrazos, no balazos» de López Obrador, que priorizó la no confrontación con los cárteles.
En las redes, el escándalo hierve. Usuarios como @arturoangel20, del portal SinEmbargo, compartieron documentos judiciales que confirman la cooperación de Guzmán López, generando miles de interacciones. Otros, como @narcoblogger, detallan el operativo con fotos de escenas del crimen. Pero en las calles de México, el silencio es literal: testigos temen represalias de Los Chapitos, que controlan aún el 40% del fentanilo hacia EU, según la DEA. La extradición de 29 narcos mexicanos a Estados Unidos en noviembre de 2025 —incluyendo a Ovidio— fue un guiño de Sheinbaum a Trump para evitar aranceles, pero no toca la raíz: un Estado permeable al crimen organizado.
Este silencio mexicano no es inocente. Es el eco de un país donde el narco financia campañas, intimida jueces y dicta la agenda de seguridad. Mientras Guzmán López negocia su futuro en Chicago, Sinaloa llora a sus muertos y México, una vez más, mira para otro lado. La confesión de un Chapito no solo desmantela un mito —el de la lealtad narco—, sino que expone la fragilidad de una nación que prefiere callar antes que confrontar su propio abismo. ¿Cuánto durará este mutismo antes de que estalle la siguiente guerra?
