Nayarit (RRC): En un desarrollo que ha generado debate sobre la equidad en las investigaciones por corrupción, la Fiscalía General de la República (FGR) ha decidido no solicitar, por el momento, una orden de aprehensión contra Antonio Echevarría García, exgobernador de Nayarit (2017-2021), a pesar de ser uno de los tres exmandatarios señalados por un presunto quebranto financiero de 9 mil 598 millones de pesos al Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA). Esta exclusión contrasta con las acciones más contundentes tomadas contra sus predecesores, Ney González Sánchez (2005-2011) y Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017), en el marco de un caso que se perfila como uno de los mayores escándalos de corrupción inmobiliaria en México.
Antecedentes del caso
La denuncia contra los tres exgobernadores fue presentada el 7 de diciembre de 2023 por el FIBBA, un fideicomiso estatal destinado a preservar y desarrollar terrenos turísticos en la Riviera Nayarita, como Nuevo Vallarta, Bucerías, Sayulita y La Cruz de Huanacaxtle. Según documentos ministeriales, los señalamientos involucran la venta irregular de bienes estatales a precios subvaluados, mediante simulación de contratos y desvío de recursos, lo que habría causado pérdidas millonarias al erario público. Estos predios, recuperados parcialmente en el reciente «Megaoperativo Nayarit» liderado por el actual gobernador Miguel Ángel Navarro, suman 9.6 millones de metros cuadrados valuados en más de 50 mil millones de pesos.
La FGR ha calificado este expediente como un ejemplo paradigmático de corrupción sistemática en el sector inmobiliario, con investigaciones que datan de 2023 y que se mantienen vigentes sin prescripción gracias a la figura de delito continuado. En este contexto, Echevarría García emerge como el único de los implicados contra quien no se ha impulsado una solicitud de detención federal, al menos hasta la fecha.
Acciones contra los otros exgobernadores
- Ney González Sánchez: Acumula siete órdenes de aprehensión, seis por fuero común emitidas por jueces de Nayarit y una federal librada por un juez del Centro de Justicia Penal de Tepic, a petición de la FGR. Los cargos incluyen fraude, peculado, tráfico de influencias, asociación delictuosa y falsificación de documentos. González es considerado prófugo desde 2023, con fichas rojas de Interpol activas. La orden federal se centra en su presunta participación en la venta irregular de terrenos turísticos.
- Roberto Sandoval Castañeda: En prisión preventiva justificada desde junio de 2021 por operaciones con recursos de procedencia ilícita, Sandoval enfrenta una nueva investigación por dar continuidad a las prácticas irregulares de sus antecesores. Aunque no hay una orden de aprehensión federal específica por el caso FIBBA hasta ahora, la FGR ha solicitado al Poder Judicial actos de conducción en su contra por delitos relacionados, como tráfico de influencias y violaciones a la Ley de Amparo.
Estas medidas se enmarcan en un esfuerzo conjunto entre autoridades federales y estatales, que en noviembre de 2025 presentaron los avances del «Megaoperativo Nayarit», destacando la recuperación de terrenos y la nulidad absoluta de contratos fraudulentos.
Situación de Antonio Echevarría: ¿Impunidad selectiva?
A diferencia de sus pares, Echevarría no figura en las solicitudes de aprehensión federales ni en las órdenes vigentes. Fuentes ministeriales indican que, aunque está bajo investigación por su presunta responsabilidad en el quebranto al FIBBA, la FGR optó por no avanzar en su detención «por el momento», posiblemente mientras se consolidan pruebas adicionales. Esta decisión ha sido calificada por analistas como un «perdón temporal» o una estrategia procesal, pero genera cuestionamientos sobre posibles influencias políticas.
Echevarría, empresario y contador egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, asumió el gobierno de Nayarit bajo las siglas del PAN, rompiendo con la hegemonía priista en el estado. Su administración fue criticada por la oposición por supuestamente «entregar» el poder a Morena en las elecciones de 2021. Posteriormente, en noviembre de 2023, el Senado de la República lo ratificó como consejero independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cargo que ocupa hasta febrero de 2027 pese a las controversias. El dictamen legislativo avaló su «idoneidad», con 64 votos a favor y 27 en contra, en un proceso que requirió una segunda votación tras un rechazo inicial.
Hasta ahora, no se han reportado reacciones directas de Echevarría ante los señalamientos recientes, aunque su trayectoria incluye vínculos familiares con la política nayarita: su padre, Antonio Echevarría Domínguez, gobernó el estado de 1999 a 2005, y su madre, Martha Elena García Gómez, es senadora por Nayarit.
Implicaciones y perspectivas
Este caso subraya las persistentes tensiones por corrupción en Nayarit, un estado clave por su potencial turístico, y pone en tela de juicio la imparcialidad de las instituciones federales. La FGR ha enfatizado que las investigaciones continúan abiertas, con posibles avances en los próximos meses, incluyendo la eventual inclusión de Echevarría en órdenes de captura si se robustecen las evidencias. Por su parte, el gobierno estatal de Morena celebra la recuperación de activos como un «golpe histórico» contra la impunidad, pero exige mayor celeridad federal.
En un panorama nacional donde la corrupción inmobiliaria ha salpicado a múltiples entidades, este expediente podría sentar precedentes para la aplicación de la nulidad absoluta y la extradición internacional. Mientras tanto, la sociedad nayarita observa con escepticismo: ¿será la exclusión de Echevarría una pausa estratégica o un resquicio de protección política?
Nota se basa en documentos ministeriales y declaraciones oficiales recientes.
