Por Javier Zapata.
En México, el discurso contra la corrupción se convirtió en una bandera política desgastada, repetida y explotada hasta el cansancio. El gobierno federal prometió una transformación moralista, casi mesiánica, que nunca llegó. Los resultados quedaron sepultados bajo la misma estructura que se prometió destruir. Pero si el combate a la corrupción fracasó a nivel nacional, en Nayarit y sus municipios ese fracaso tomó una forma aún más cruda: la omisión deliberada.
Porque no hay peor corrupción que la que se deja crecer desde el silencio.
México: la retórica sin resultados
El supuesto “combate a la corrupción” quedó reducido a un eslogan. La austeridad, convertida en mantra, jamás se tradujo en eficiencia, transparencia o rendición de cuentas. Al contrario, los megaproyectos herméticos, los contratos asignados sin explicación, las compras opacas y la impunidad fueron normalizados como parte de un sistema que presume combate, pero practica simulación.
Desde el centro, la narrativa es impecable; todo está limpio, todo se vigila, todo se reporta. La realidad es la contraria; el país retrocedió en confianza institucional, transparencia y profesionalización del servicio público. La administración pública se volvió más vertical, menos cuestionable y más impenetrable.
“Nayarit: el combate que nunca empezó”.
En Nayarit, la corrupción no solo no se combate, ni siquiera se reconoce. La estructura estatal opera entre redes de intereses, pactos de tolerancia y un sistema informal donde la discrecionalidad gobierna silenciosamente.
Los órganos encargados de investigar actos de corrupción están maniatados, sin autonomía real, sin dientes, sin voluntad o simplemente sin permiso político para incomodar.
Las auditorías se reducen a trámites.
Las observaciones se congelan.
Los expedientes se diluyen.
Todo se sabe. Nada se corrige.
“Municipios: el agujero negro de la corrupción”.
Si el nivel estatal es omiso, en los municipios la corrupción hace raíces profundas. Ahí es donde el ciudadano la vive todos los días: permisos que tardan si no hay “gestión”, obra pública inflada, compras a modo, nóminas clandestinas, contratos a empresas amigas, y presidentes municipales más preocupados por propaganda que por gobernar.
Tepic, Bahía de Banderas, Santiago, Acaponeta, Tecuala, Tuxpan, Compostela, Ixtlan del Rio, Xalisco… cada uno tiene su propio catálogo de excesos, pero todos comparten la misma columna vertebral:
un sistema municipal sin vigilancia real, con contralorías que dependen de los mismos alcaldes que deben revisar, y cabildos que se vuelven cómplices por omisión.
“La omisión: la corrupción más cómoda”.
La corrupción de hoy ya no necesita maletines ni grabaciones clandestinas.
Hoy se alimenta de algo más suave y más cobarde: la omisión institucional.
– Omiten investigar.
– Omiten sancionar.
– Omiten transparentar.
– Omiten incomodar al poder.
Esa omisión permite que la corrupción se mueva libremente, sin resistencia, sin obstáculos, sin consecuencias. En Nayarit, esa omisión se normalizó, se institucionalizó y se transformó en práctica cotidiana.
La consecuencia: un Estado que pierde legitimidad
Cuando la corrupción deja de combatirse, el Estado deja de gobernar.
Pierde autoridad moral, pierde credibilidad y pierde ciudadanía.
Y en Nayarit, esa pérdida se siente:
– calles destruidas,
– servicios deficientes,
– inseguridad creciente,
– obras abandonadas,
– funcionarios enriquecidos,
– gobiernos ausentes.
La corrupción es un drenaje que nunca para; y Nayarit lleva años desangrándose.
El reto que nadie quiere tocar
México necesita una política anticorrupción real, técnica, profesional, autónoma y sin narrativa heroica. Nayarit necesita algo aún más básico: voluntad política.
Mientras la omisión siga siendo la norma, el combate a la corrupción seguirá siendo un mito… un mito caro, conveniente y peligrosamente útil para quienes viven de él y en el poder.
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