Por Ricardo Reyes.
En las calles de la Ciudad de México, el 15 de noviembre de 2025, miles de jóvenes de la Generación Z se congregaron en el Zócalo, luciendo sombreros en honor al alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, conocido como «El Sombrero». Lo que comenzó como un grito pacífico contra la violencia derivó en choques con la policía, dejando más de 120 heridos —100 agentes y 20 civiles— y un saldo de detenciones y gas lacrimógeno.
Este estallido no es aislado: refleja un México atrapado en un ciclo vicioso de sangre derramada por el crimen organizado, instituciones carcomidas por la corrupción y una complicidad sistémica que impide cualquier salida.
Bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, que asumió en octubre de 2024, las promesas de transformación chocan con una realidad cruda: más de 30.000 homicidios anuales, un índice de percepción de corrupción en su peor nivel histórico y evidencias de colusión entre autoridades y narcos. Este artículo explora estos males endémicos, basándose en datos recientes que pintan un panorama desolador.
La sangre que mancha el país: Una violencia sin freno.
México es un territorio donde la muerte se ha normalizado. En 2024, el país registró 30.886 homicidios, una tasa nacional de 23,3 por cada 100.000 habitantes —un 55% más alta que en 2015, cuando era de 15—.
Esto equivale a 85 asesinatos diarios, de los cuales dos tercios son atribuidos al crimen organizado, según analistas de seguridad. El uso de armas de fuego en estos crímenes alcanza el 71,6%, un récord que refleja la porosidad de las fronteras: el 70% de las armas provienen de contrabando desde Estados Unidos.
En estados como Colima, la tasa supera los 100 homicidios por 100.000 habitantes por tercer año consecutivo, mientras que Guanajuato y Morelos lidian con tasas de 49,3 y 43,2%, respectivamente.
Las desapariciones agravan el horror: desde 2010, se reportan cerca de 292.000 casos, con un pico de 32.500 en 2024, de los cuales más de 13.000 permanecen sin resolver. Se han exhumado más de 5.600 fosas clandestinas, y en Jalisco —epicentro del Cártel Jalisco Nueva Generación— se han encontrado 3.335 cuerpos solo entre 2018 y 2021. Los feminicidios, por su parte, han aumentado un 93,7% desde 2015, alcanzando 829 en 2024, que representan el 24,2% de los homicidios de mujeres.
La violencia no es solo estadística; es económica y social. Su impacto cuesta 4,5 billones de pesos al año —el 18% del PIB—, con los homicidios representando el 38% de ese monto. En regiones como Guerrero, donde se registraron 34 homicidios políticos en 2024 (el récord nacional de 201), el miedo permea: el 90,1% de la población en Morelos se siente insegura.
Bajo Sheinbaum, el gobierno reporta una baja del 37% en homicidios en sus primeros 13 meses, con 25.712 casos en el primer año, pero el Índice de Paz México 2025 contradice esta narrativa: la paz ha mejorado solo un 0,7% desde 2023, pero ha deteriorado un 13,4% en la década.
La corrupción que carcome las instituciones: Un cáncer persistente.
Si la violencia es el síntoma, la corrupción es la causa raíz. México cayó al puesto 140 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, con solo 26 puntos de 100 —su peor calificación histórica, a la par de Irak—.
De 2013 a 2023, la prevalencia de la corrupción subió del 12,1% al 14%, según el INEGI, y el Anuario de la Corrupción 2025 documenta 51 casos relevantes en el primer año de Sheinbaum, de los cuales el 41% (21) ocurrieron bajo su mandato, el 47% heredados de López Obrador y el 10% de Peña Nieto.
Estos casos revelan patrones: desde el «huachicol fiscal» —un esquema de importación ilegal de combustibles que cruza administraciones y podría ser el mayor fraude reciente— hasta irregularidades en licitaciones y desvíos en programas sociales. La impunidad reina: solo el 16% de las investigaciones criminales se resuelven, y en 2022, de 6.226 quejas por tortura, solo 10 resultaron en sentencias.
Reformas como la elección popular de jueces en 2025, aprobada en septiembre de 2024, han sido criticadas por la ONU y la CIDH por socavar la independencia judicial, expandiendo además la detención preventiva obligatoria en violación de fallos interamericanos.
La corrupción no es solo de élites: permea la sociedad, con el 86% de los mexicanos percibiendo la corrupción gubernamental como común. Bajo Sheinbaum, la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia en noviembre de 2024 ha opacado aún más el acceso a información, facilitando opacidad en megaproyectos militares.
La complicidad que perpetúa el ciclo: Autoridades en el ojo del huracán.
La verdadera tragedia es la complicidad. Human Rights Watch describe una «crisis de derechos humanos arraigada en la violencia extrema del crimen organizado y abusos generalizados de agentes estatales con impunidad casi total».
Dos tercios de los homicidios son obra de carteles, pero el Ejército —desplegado con 232.761 efectivos en septiembre de 2024— ha sido implicado en torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Desde 2007, reporta 5.696 «bajas» a presuntos criminales, pero estas rara vez se investigan independientemente.
La infiltración es rampante: México ocupa el tercer lugar mundial en grupos de crimen organizado, solo detrás de Myanmar y Colombia, según el Banco Mundial. En 2025, el Índice Global de Crimen Organizado lo ubica líder en mercados ilícitos, con evaluaciones «cuestionables» sobre el poderío narco y delitos conexos.
Casos como el uso de spyware Pegasus por el Ejército para espiar a defensores de derechos, periodistas y opositores ilustran esta colusión. De 2018 a 2024, 3.408 ataques a periodistas se registraron, con 46 asesinatos, pero solo 41 condenas desde 2010.
Expertos como Edmundo Jacobo advierten: «Sin romper la colusión entre autoridades y crimen organizado, no habrá seguridad». En Michoacán y Guerrero, carteles imponen «gobernanza criminal», extorsionando agricultores y políticos. La presión de EE.UU., con investigaciones sobre vínculos narco-políticos, añade tensión internacional.
Voces de resistencia: La Generación Z y el clamor por cambio.
Ante este abismo, surgen voces. Las protestas del «Movimiento Sombrero» y la Gen Z no solo honran a víctimas como Manzo o Bernardo Bravo (líder limonero asesinado en octubre de 2025), sino que exigen «justicia y cero impunidad». Jóvenes como Samuel Valdez claman contra «investigaciones eternas sin acción».
Aunque Sheinbaum las tilda de «operaciones políticas financiadas desde el extranjero», el descontento es genuino: en 2024, 201 homicidios políticos marcaron elecciones sangrientas.
Colectivos de búsqueda —más de 230— han exhumado miles de restos, pese a que 16 de sus miembros fueron asesinados en el sexenio anterior. La resiliencia es frágil: el Índice de Paz Positiva deterioró un 2,4% en la década, peor que el promedio centroamericano.
Conclusión: ¿Hacia la ruptura o el abismo?.
México, entre sangre, corrupción y complicidad, se debate en un precipicio. La paz ha mejorado marginalmente, pero el costo humano y económico es insostenible. Reducir homicidios un 10% ahorraría 170.000 millones de pesos —más del triple del presupuesto en ciencia—.
Sheinbaum hereda un legado tóxico, pero su gobierno ya acumula 21 casos de corrupción.
La salida exige romper la impunidad: fortalecer la justicia civil, desmantelar colusiones y empoderar a la sociedad. Como gritan los jóvenes en las calles: «Todos somos Carlos Manzo».
Solo actuando con urgencia, México escapará de este ciclo infernal. De lo contrario, la sangre seguirá fluyendo, la corrupción devorando y la complicidad encadenando el futuro.
