CDMX (RRC): El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha iniciado los trámites para obtener su libertad anticipada después de haber cumplido más de ocho años en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Duarte, quien fue condenado en 2018 a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, argumenta que ha satisfecho los requisitos legales para este beneficio, incluyendo buena conducta durante su reclusión y el pago de reparaciones por daños.
La solicitud se produce en un contexto donde cuatro procesos penales adicionales en su contra han sido suspendidos recientemente, lo que allana el camino para una posible salida anticipada.
Entre estos, destaca la resolución favorable en un caso por desaparición forzada, que Duarte ha logrado superar. El exmandatario, extraditado de Guatemala en 2017 tras una fuga internacional, ha cumplido aproximadamente el 95% de su sentencia, lo que lo hace elegible para la libertad condicional según la legislación mexicana.
Una jueza federal resolverá la petición en una audiencia programada para el próximo miércoles 12 de noviembre de 2025.
Si la decisión es favorable, Duarte podría reintegrarse a la sociedad, cerrando uno de los capítulos más controvertidos de corrupción en la historia reciente de México.
El caso ha generado reacciones mixtas en la opinión pública, recordando las acusaciones de desvío de fondos públicos durante su administración (2010-2016), que incluyeron malversación de miles de millones de pesos destinados a salud, educación y seguridad en Veracruz.
Duarte ha expresado su disposición para «reinsertarse en la sociedad» y ha mantenido un perfil bajo durante su encarcelamiento, enfocándose en actividades como la lectura y el estudio.
Sin embargo, opositores y víctimas de su gestión han criticado la posibilidad de su liberación, argumentando que no se ha hecho justicia plena por los daños causados al estado.
Este desarrollo marca un posible fin a una era de escándalos políticos en Veracruz, donde Duarte fue sucedido por administraciones que han intentado recuperar la confianza pública.
La resolución judicial del 12 de noviembre será clave para determinar si el exgobernador regresa a la vida civil o permanece tras las rejas por el tiempo restante de su condena.
