Por Ricardo Reyes.
En las sombras de los puertos mexicanos y las refinerías del norte, un nuevo tipo de crimen organizado ha emergido como una amenaza silenciosa pero devastadora: el «huachicol fiscal».
A diferencia del robo tradicional de combustible de ductos de Pemex —conocido como huachicol «clásico»—, este esquema sofisticado implica la importación ilegal de gasolina y diésel desde Estados Unidos y Canadá, disfrazados como productos exentos de impuestos como lubricantes o aditivos petroquímicos.
Lo que comenzó como una práctica marginal ha escalado hasta representar hasta un tercio del mercado mexicano de combustibles, generando pérdidas fiscales anuales de más de 200 mil millones de pesos y financiando a uno de los cárteles más violentos del mundo: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Un reciente reportaje de Reuters ha destapado esta red transnacional, revelando colusiones con empresas estadounidenses, funcionarios corruptos y hasta posibles lazos con el gobierno federal.
El término «huachicol fiscal» alude a la evasión sistemática del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que grava las importaciones de combustibles con tasas que pueden superar el 50% de su valor.
En lugar de declarar la carga como diésel o gasolina —sujetos a un IEPS de hasta 7.1 pesos por litro—, los contrabandistas la registran como «lubricantes» o «aditivos», productos exentos de este gravamen.
Esta maniobra no solo evade impuestos, sino también regulaciones aduaneras, permitiendo la inundación del mercado mexicano con combustible barato.
El esquema opera en tres fases principales:
- Empresas en EE.UU., como Ikon Midstream de Houston, compran diésel barato en Canadá (por ejemplo, de Imperial Oil, filial de ExxonMobil) y lo cargan en buques como el Torm Agnes. Estos «fantasmas marítimos» —parte de una «flota oscura» similar a las usadas para evadir sanciones globales— navegan hacia puertos mexicanos subequipados, como Ensenada (Baja California), Guaymas (Sonora) o Tampico (Tamaulipas). En marzo de 2025, el Torm Agnes descargó 120 mil barriles de diésel en Ensenada, declarados falsamente como lubricantes, evadiendo cerca de 7 millones de dólares en impuestos.
- Sin infraestructura adecuada para hidrocarburos inflamables, los buques conectan mangueras directamente a camiones cisterna de empresas como Mefra Fletes, que transportan la carga a gasolineras clandestinas, fábricas y minas. En México, firmas fachadas como Intanza —vinculada al CJNG y sin presencia digital— reciben los envíos y los venden con descuentos del 10-20%, socavando a competidores legítimos.
- El CJNG complementa esto robando crudo de Pemex en ductos y exportándolo a EE.UU. a precios bajos, cerrando un loop que integra el sector energético norteamericano. Solo en 2024, las importaciones ilegales de «lubricantes» se dispararon, con Ikon Midstream declarando 149 envíos desde 2019.
Esta innovación logística —del camión al buque— ha sido pionera del CJNG, convirtiéndolo en el dominador del mercado negro de combustibles, con ingresos no narcóticos que superan los miles de millones de dólares anuales.
En el centro de esta red está el CJNG, que ha diversificado sus operaciones más allá de las drogas para construir un «imperio energético» en Tamaulipas, cerca de Texas. Según el Departamento del Tesoro de EE.UU., el huachicol fiscal es su principal fuente de fondos no relacionados con narcóticos.
Empresas estadounidenses como Ikon Midstream, dirigida por Rhett Kenagy, han sido señaladas por organizar envíos irregulares, aunque niegan conocimiento de irregularidades. La naviera danesa Torm, propietaria del Torm Agnes, cortó lazos con Ikon tras el escándalo, pero transportó al menos cinco cargamentos en 2025.
En México, la corrupción permea instituciones clave. La Secretaría de Marina (Semar), que administra puertos desde 2021, ha sido epicentro de escándalos: en septiembre de 2025, se detuvieron 14 personas, incluyendo al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna —sobrino del exsecretario Rafael Ojeda— y funcionarios aduaneros como Francisco Javier Antonio Martínez.
Denuncias ignoradas desde 2018 revelan sobornos para conceder muelles a empresas ligadas al crimen, como Tampico Terminal Marítima de Saúl Vera Ochoa, aliado de Morena.
Trágicamente, figuras como el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien denunció la red en 2024, fueron asesinadas poco después.
Vínculos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Claudia Sheinbaum son controvertidos. AMLO presumió eliminar el huachicol, pero ignoró alertas sobre el fiscal desde 2018, con casos como compras sospechosas en la construcción del AIFA en 2025.
Bajo Sheinbaum, el director de Investigación Aduanera, Alex Tonatiuh Márquez Hernández —nombrado por ella—, enfrenta probes por lavado de 257 millones de pesos.
El huachicol fiscal drena la hacienda pública: un buque como el Challenge Procyon —decomisado en Tampico con 10 millones de litros— evadió 71 millones de pesos en IEPS.
Anualmente, las pérdidas superan los 200 mil millones de pesos, 10 veces más que escándalos como La Estafa Maestra. Empresas como Shell vendieron su red de gasolineras en mayo de 2025, incapaces de competir con el «combustible narco».
Socialmente, fortalece al CJNG, financiando violencia en regiones como Tamaulipas y Colima. En EE.UU., el crudo robado de Pemex deprime precios locales, afectando a los productores.
La militarización de aduanas, impulsada por Morena, ha paradójicamente agravado la corrupción, según analistas.
Ante el escándalo, Sheinbaum anunció investigaciones contra empresarios estadounidenses, con «varias carpetas» en la FGR listas para órdenes de aprehensión.
La Semar decomisó 500 mil barriles desde octubre de 2024, incluyendo el Challenge Procyon.
El 22 de octubre de 2025, el Congreso aprobó una reforma profunda a la Ley de Aduanas, efectiva desde enero de 2026. Los cambios incluyen renovaciones obligatorias de patentes aduanales cada 20 años, fiscalización post-despacho y un Consejo Aduanero para combatir fraudes.
Morena la presenta como herramienta contra el contrabando, pero la oposición (PAN) la critica por sobrecargar al sector privado sin erradicar la corrupción oficial. Críticos temen que complique el comercio exterior, vital para México.
En conclusión el huachicol fiscal no es solo un delito fiscal; es un síntoma de fallas sistémicas en la gobernanza energética y aduanera de México. Con el CJNG expandiendo su imperio y redes de corrupción arraigadas en ambos lados de la frontera, urge una colaboración México-EE.UU. más agresiva, más allá de decomisos reactivos. Si no se ataca la raíz —corrupción y lagunas regulatorias—, este «combustible envenenado» seguirá erosionando la economía y alimentando la violencia.
El futuro depende de si la reforma aduanera es un «golpe de timón» genuino o mera cortina de humo en un mar de impunidad.
