Michoacán (RRC): Bernardo Bravo Manríquez, de 40 años, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA) y líder nacional de los productores de limón en México, fue asesinado.
Su muerte ha conmocionado al sector agrícola de la Tierra Caliente, una región marcada por la violencia del crimen organizado. Bravo era hijo de «Don Berna» Bravo Valencia, quien también fue asesinado de manera similar años atrás, lo que sugiere un patrón de represalias contra su familia por su activismo.
El domingo 19 de octubre, Bravo fue privado de su libertad por hombres armados mientras se dirigía a la comunidad de Los Tepetates, una zona de influencia del Cártel Michoacán Nueva Generación. Su cuerpo fue localizado la mañana a un costado de la carretera Apatzingán–Presa del Rosario, cerca de un rancho conocido como La Tinaja. Presentaba un disparo en el rostro, huellas de tortura (incluyendo golpes) y signos de violencia extrema.
Bravo era reconocido como el único productor de limón que denunció públicamente las extorsiones del crimen organizado contra empacadores, exportadores y agricultores en el Valle de Apatzingán.
Durante dos años, utilizó sus redes sociales y manifestaciones para exigir estrategias de seguridad a los tres niveles de gobierno, destacando cómo grupos como «Los Viagras» (aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG) y Cárteles Unidos extorsionan a los citricultores, controlando el territorio y las cuotas por «protección».
Sus denuncias contribuyeron a detenciones previas de civiles vinculados a la delincuencia.
Las primeras investigaciones apuntan al crimen organizado como responsable, dada la brutalidad del ataque y el contexto de disputas territoriales en la región por el control de la producción de limón, apodado el «oro verde» de Michoacán. Bravo estaba casado con Amelí Gissel Navarro Lepe, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, lo que añade un matiz político a su perfil.
Este asesinato se suma a una escalada de violencia en Michoacán, donde la producción de limón —clave para la economía nacional— sufre paros recurrentes por amenazas.
La comunidad exige no solo justicia, sino medidas concretas contra la impunidad en zonas controladas por cárteles. La investigación sigue en curso, y se espera que revele más sobre posibles vínculos con las denuncias previas de Bravo.
