Por Ricardo Reyes Legaspi.
México es uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos. En un contexto marcado por la violencia, la impunidad y las amenazas de grupos criminales y autoridades corruptas, el Estado mexicano ha implementado mecanismos para salvaguardar a quienes arriesgan su vida en la búsqueda de la verdad y la justicia. Entre estos destaca el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una instancia federal adscrita a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) que busca garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de estos actores clave para la democracia. Este artículo explora su historia, funcionamiento, logros y los retos que enfrenta en un panorama de crecientes agresiones.
La creación del Mecanismo se remonta a 2012, en medio de una ola de agresiones contra periodistas y defensores que expuso la vulnerabilidad de estos grupos en México. Ese año, el Congreso aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, impulsada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones civiles como Artículo 19 y Amnistía Internacional. Esta legislación reconoció la obligación constitucional del Estado de prevenir y proteger contra riesgos derivados de su labor, respondiendo a presiones internacionales y nacionales por la escalada de homicidios —como los de periodistas en Veracruz y Guerrero— y desapariciones de activistas.
El Mecanismo surgió como una expresión de esfuerzos colectivos, incluyendo recomendaciones de la Relatoría Especial de la ONU para la Promoción y Protección de la Opinión y la Expresión, y se materializó en 2013 con la publicación de su reglamento. Su objetivo principal es implementar medidas preventivas y de protección para mitigar amenazas, desde amenazas verbales hasta atentados mortales, que a menudo provienen de servidores públicos, particulares o grupos no identificados.
La misión del Mecanismo es clara: operar medidas de prevención, protección y urgentes para salvaguardar la vida e integridad de quienes defienden derechos humanos o ejercen el periodismo en riesgo. Adscrito a la SEGOB, cuenta con una estructura que incluye la Coordinación Ejecutiva, la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, y la Junta de Gobierno —compuesta por representantes gubernamentales, de la CNDH y sociedad civil— para evaluar y aprobar medidas.
Su enfoque es integral, reconociendo que la protección no solo es reactiva, sino que debe incluir prevención a través de análisis de riesgos contextuales, como la labor en zonas de conflicto armado o contra la corrupción. Además, se financia mediante un fideicomiso público, con recursos para medidas como escoltas o relocalizaciones.
El proceso de solicitud es accesible y prioritario. Cualquier persona defensora o periodista (o un tercero en su nombre) puede presentar una petición ante la Unidad de Recepción, ya sea presencialmente en oficinas de SEGOB, por teléfono (55 39 58 56 29), correo (mecanismo@segob.gob.mx) o en línea. Se requiere una manifestación bajo protesta de decir verdad, describiendo el riesgo y adjuntando evidencia como reportes de agresiones o contexto laboral. No se exige ser beneficiario de otro mecanismo, pero debe declararse si aplica.
Una vez recibida, la solicitud se clasifica en dos vías:
- Procedimiento ordinario: Para riesgos moderados, incluye evaluación de riesgo en hasta 30 días y aprobación por la Junta de Gobierno.
- Procedimiento extraordinario: Para peligro inminente, con medidas urgentes emitidas en 3 horas e implementadas en 9 horas.
Las medidas de protección varían según el nivel de riesgo e incluyen:
- Urgentes: Botones de pánico, números de emergencia o alertas inmediatas.
- Ordinarias: Escoltas, rondines policiales, refugios temporales, equipos de comunicación, gestiones interinstitucionales o apoyo psicológico.
- Preventivas: Capacitación en seguridad digital y análisis de contextos territoriales.
El seguimiento es continuo, con reevaluaciones periódicas para ajustar o retirar medidas si el riesgo disminuye.
Desde su creación, el Mecanismo ha atendido miles de casos, demostrando un impacto tangible. Al 31 de enero de 2025, cuenta con 2,013 beneficiarios activos (1,323 defensores y 690 periodistas), distribuidos principalmente en entidades como Ciudad de México, Oaxaca y Michoacán. En 2024, se recibieron 183 solicitudes, de las cuales 53 fueron admitidas, y se aprobaron 2,516 medidas ordinarias.
En los primeros meses de 2025, el panorama muestra una ligera desaceleración: enero registró 13 solicitudes (3 admitidas) y 5 agresiones reportadas (4 amenazas y 1 secuestro). Sin embargo, para los periodistas, mayo de 2025 vio un aumento del 23% en solicitudes (32 vs. 26 en 2024), con solo 10 admitidas. Históricamente, de 2012 a 2025, se han acumulado 2,106 solicitudes y 29,957 medidas, con un pico de agresiones en 2023 (205 casos).
Entre los colectivos vulnerables, destaca la protección a madres buscadoras: de 2020 a 2024, se atendieron 249 de estas en 134 expedientes, reportando 95 amenazas y 8 asesinatos de familiares.
A pesar de sus avances, el Mecanismo enfrenta críticas severas por su ineficacia en algunos casos. Entre 2020 y 2024, el 40% de las 1,139 solicitudes fueron rechazadas, con tasas de aprobación cayendo al 29% en 2024. Organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Artículo 19 lo describen como «profundamente defectuoso», señalando criterios de evaluación inadecuados, burocratización y una visión reactiva en lugar de preventiva.
Casos emblemáticos ilustran fallas: el asesinato de Gustavo Sánchez Cabrera en 2021, solo 15 días después de recibir protección limitada, o amenazas persistentes a madres buscadoras como María Teresa Molina, quien recibió solo un botón de pánico pese a riesgos graves. Además, las medidas a menudo son insuficientes —sin escoltas o vehículos blindados en zonas de alto riesgo— y hay disparidades en el trato, favoreciendo a periodistas capitalinos sobre locales o comunitarios. La impunidad en investigaciones de agresiones agrava el problema, con solo el 39% de agresores identificados como servidores públicos.
Diagnósticos de la CNDH y ONU-DH destacan retos como la falta de coordinación interinstitucional, recursos limitados y la necesidad de políticas más amplias para combatir la estigmatización.
El Mecanismo representa un avance crucial en la protección de voces esenciales para la sociedad mexicana, habiendo salvado vidas y fortalecido la democracia en un país donde México ocupó el tercer lugar mundial en asesinatos de periodistas en 2024. Sin embargo, para cumplir su promesa, requiere reformas urgentes: mayor presupuesto, criterios de riesgo más inclusivos, mayor prevención y colaboración con fiscalías para romper el ciclo de impunidad.
En última instancia, proteger a periodistas y defensores no es solo una obligación legal, sino un pilar para un México donde la verdad y los derechos humanos prevalezcan sobre el miedo. Mientras tanto, el llamado a la acción persiste: fortalecer el Mecanismo es fortalecer la libertad misma.
