RRC/Washington: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha sido acusado por Estados Unidos de liderar el Cártel de los Soles, una organización señalada como narcoterrorista.
En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos contra él por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas y lavado de dinero, alegando que colaboró con las FARC para traficar toneladas de cocaína hacia EE. UU. desde 1999.
Se ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que lleve a su captura, según el Departamento de Estado, tras un aumento de la cifra inicial de 15 millones en enero de 2025.
Maduro y el gobierno venezolano han rechazado estas acusaciones, calificándolas de «mentiras imperialistas» y un intento de golpe de Estado. El canciller Yvan Gil ha negado incluso la existencia del Cártel de los Soles y de grupos como el Tren de Aragua, vinculados por EE. UU. a Maduro.
Por otro lado, las acusaciones han sido cuestionadas por algunos analistas. Un estudio de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) señala que Venezuela no es un origen principal de drogas hacia EE. UU., lo que pone en duda la magnitud de las afirmaciones.
Además, la falta de una orden de prisión internacional formal limita la capacidad de detener a Maduro fuera de Venezuela, donde mantiene el control con apoyo militar.
La narrativa de EE. UU., impulsada por figuras como Marco Rubio, insiste en que Maduro no es un presidente legítimo, especialmente tras las elecciones de 2024, consideradas fraudulentas.
Sin embargo, estas acusaciones también se enmarcan en una larga historia de tensiones geopolíticas, lo que sugiere motivaciones políticas detrás de la presión estadounidense.
No hay evidencia concluyente de una condena, y Maduro permanece en el poder, respaldado por aliados como Rusia y Cuba. La situación sigue siendo un punto de fricción internacional, con implicaciones tanto legales como políticas.
