RRC/México: La lucha contra la corrupción en México enfrenta desafíos significativos en 2025, según diversas fuentes. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional otorga a México una calificación de 26/100, ubicando en el puesto 140 de 180 países, el peor registro histórico del país y el último lugar entre los miembros de la OCDE. Esto refleja un retroceso de cinco puntos desde 2022, cuando obtuvo 31/100, y evidencia un estancamiento en los esfuerzos anticorrupción.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la corrupción persiste en los tres niveles de gobierno, con problemas como contratos a empresas «fantasma» o vinculadas al crimen organizado, baja sanción de responsabilidades administrativas (solo 8.4% de 3,350 casos entre 2017 y 2024 resultaron en sanciones) y casos emblemáticos de impunidad, como Odebrecht o la Estafa Maestra. La impunidad es estructural, con un 98.1% de casos sin castigo, según reportes.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha tomado medidas, como la creación de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, liderada por una funcionaria con experiencia en fiscalización, lo que expertos consideran un paso positivo hacia un enfoque más moderno. También se destaca la Agencia Nacional Anticorrupción como parte de la nueva estrategia presidencial. Sin embargo, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), establecido en 2015, ha sido criticado por falta de presupuesto y operatividad, siendo calificado como «letra muerta».
Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Transparencia Mexicana promueven la participación ciudadana y políticas públicas integrales, enfocándose en prevenir el lavado de dinero y la evasión fiscal. Sin embargo, la incertidumbre sobre reformas al Poder Judicial y la falta de sanciones efectivas son obstáculos. Expertos urgen un enfoque integral que combine prevención, sanción y fortalecimiento institucional, con mayor involucramiento de la sociedad civil.
Usuarios de redes sociales, critican la falta de resultados tangibles, señalando que la «lucha contra la corrupción» de administraciones anteriores, como la de López Obrador, no redujo significativamente el problema, y persisten desvíos millonarios y nepotismo.
En resumen, la corrupción en México sigue siendo un desafío arraigado, con avances limitados y una percepción pública negativa.
