RRC/California: El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció una demanda contra el presidente Donald Trump por el despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles para controlar protestas relacionadas con operativos de inmigración, sin el consentimiento del estado. Newsom calificó esta acción como «ilegal, inmoral e inconstitucional», argumentando que viola la soberanía estatal y que Trump exacerbó deliberadamente las tensiones al federalizar la Guardia Nacional, un movimiento sin precedentes en décadas. El fiscal general de California, Rob Bonta, respaldó la demanda, afirmando que el despliegue «pisoteó» la autoridad del estado y no se justificaba por una rebelión o invasión extranjera, como requiere la ley federal invocada por Trump (Título 10 del Código de EE.UU.).
El conflicto surgió tras protestas iniciadas el viernes previo, en respuesta a redadas de inmigración de ICE en áreas de Los Ángeles con alta población latina, que derivaron en enfrentamientos violentos, bloqueos de autopistas y quema de vehículos autónomos. Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, sostuvieron que la policía local era suficiente para manejar la situación, acusando a Trump de crear un espectáculo para justificar su intervención. La demanda busca una orden judicial para declarar ilegal la acción de Trump y detener el despliegue. Organizaciones como la ACLU y Amnistía Internacional también criticaron la medida, alegando abuso de poder y violaciones a la Primera Enmienda.
Por su parte, Trump defendió el despliegue, afirmando que era necesario para detener la «anarquía» y proteger a los agentes federales, mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, amenazó con enviar marines activos desde Camp Pendleton si la violencia continuaba. Este caso, el primero desde 1965 en que un presidente federaliza la Guardia Nacional sin la aprobación del gobernador, ha intensificado las tensiones entre California y el gobierno federal, generando un debate sobre el uso del poder militar en asuntos domésticos y los derechos estatales.
