Delitos cometidos por servidores públicos en México.

RRC/México: Los delitos cometidos por servidores públicos en México están regulados principalmente por el Código Penal Federal (CPF) y los códigos penales de las entidades federativas, en particular los artículos 212 al 227 del CPF, que abordan conductas específicas de quienes ocupan cargos públicos. A continuación, les describo los principales delitos, sus características y algunos ejemplos recientes, basados en información disponible:

Principales delitos cometidos por servidores públicos

1. Ejercicio ilícito de servicio público (Art. 214 CPF):

• Descripción: Se comete cuando un servidor público ejerce un cargo sin haber tomado posesión legítima, continúa ejerciendo funciones tras la revocación de su nombramiento, o sustrae, destruye, oculta o utiliza ilícitamente información o documentación bajo su custodia. También incluye causar daño a personas, lugares u objetos bajo su cuidado.
• Pena: De 2 a 7 años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario y destitución e inhabilitación de 2 a 7 años.
• Ejemplo: Un servidor público que, sin autorización, destituye a otro funcionario o usa documentación oficial para fines personales.

1. Abuso de autoridad (Art. 215 CPF):

• Descripción: Ocurre cuando un servidor público impide la ejecución de una ley, emplea violencia sin causa legítima, niega protección o servicio a particulares, o retarda la administración de justicia.
• Pena: De 3 a 8 años de prisión y multa de 30 a 1,100 días.
• Ejemplo: En 2024, tres servidores públicos de una corporación policial en Querétaro fueron vinculados a proceso por abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia, tras una investigación que incluyó entrevistas y evidencias legales.

1. Cohecho (soborno) (Art. 222 CPF):

• Descripción: Consiste en que un servidor público solicite o reciba ilícitamente dinero, bienes o servicios a cambio de realizar u omitir un acto relacionado con su cargo.
• Pena: Hasta 14 años de prisión y multa de hasta 150 días.
• Ejemplo: Casos donde funcionarios aceptan sobornos para otorgar contratos o permisos.

1. Peculado (malversación de fondos) (Art. 223 CPF):

• Descripción: Se comete cuando un servidor público se apropia o desvía recursos públicos para beneficio propio o de terceros.
• Pena: De 3 meses a 14 años de prisión, con multas de 30 a 150 días.
• Ejemplo reciente: El caso de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, acusado por la “Operación Safiro”, donde presuntamente autorizó desvíos de recursos a empresas fantasmas para beneficiar al PRI.

1. Enriquecimiento ilícito (Art. 224 CPF):

• Descripción: Cuando un servidor público no puede justificar el aumento de su patrimonio o hace figurar bienes públicos como propios.
• Pena: De 3 meses a 14 años de prisión, según la gravedad.
• Ejemplo: Entre 2018 y 2021, la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó 114 denuncias por enriquecimiento ilícito.

1. Tráfico de influencias (Art. 221 CPF):

• Descripción: Se da cuando un servidor público promueve o gestiona resoluciones ilícitas de negocios públicos para obtener beneficios, ya sea para sí mismo o para terceros.
• Pena: Hasta 6 años de prisión y multa.
• Ejemplo reciente: En febrero de 2024, Angélica Sánchez, candidata a senadora por Movimiento Ciudadano, fue vinculada a proceso por tráfico de influencias.

1. Falsificación de documentos públicos:

• Descripción: Incluye alterar documentos, emitir certificaciones falsas o usar firmas falsas en documentos oficiales.
• Pena: Hasta 10 años de prisión y multa de hasta 1,100 días.
• Ejemplo: Un servidor público que falsifica un permiso o licencia para beneficiar a un tercero.

1. Remuneración ilícita (Art. 217 Ter y Quáter CPF):

• Descripción: Se comete al aprobar o recibir pagos no autorizados, como jubilaciones, pensiones o liquidaciones indebidas.
• Pena: Variable según el caso, hasta 7 años de prisión.

1. Concusión:

• Descripción: Exigir dinero o bienes no debidos por concepto de impuestos, contribuciones o servicios.
• Pena: Hasta 7 años de prisión.

1. Intimidación:
   • Descripción: Uso de violencia física o moral para inhibir denuncias o la aportación de información contra actos ilícitos.
   • Pena: Variable según el caso, hasta 7 años de prisión.

Datos relevantes y casos recientes

• Estadísticas: Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2019 se registraron 19,457 carpetas de investigación por delitos de servidores públicos, un aumento del 7% respecto a 2018 y del 69% en cinco años. Las entidades con mayor incidencia fueron Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Baja California.
• Denuncias de la SFP: Entre diciembre de 2018 y octubre de 2021, la Secretaría de la Función Pública presentó 757 denuncias penales, principalmente por enriquecimiento ilícito (114), uso ilícito de atribuciones (34), ejercicio ilícito de servicio público (21), peculado (10) y falsificación de documentos (5).
• Casos destacados:
• Operación Enjambre (2024): En el Estado de México, 24 funcionarios públicos fueron detenidos por extorsión, homicidio y nexos con el CJNG y La Familia Michoacana.
• Puebla (2025): El gobernador Alejandro Armenta reportó 478 expedientes abiertos contra servidores públicos por corrupción y otras causas, con 36 sanciones y 2 destituciones en lo que va del año.
• Genaro García Luna: Condenado en 2023 en Estados Unidos por aceptar sobornos de cárteles, evidenciando la infiltración de la corrupción en altas esferas.

Marco legal y sanciones

• Los delitos de servidores públicos son perseguidos conforme al Código Penal Federal y los códigos penales locales. Las penas varían según la gravedad, incluyendo prisión (de 3 meses a 14 años), multas, destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
• La Ley General de Responsabilidades Administrativas también sanciona faltas administrativas, que pueden derivar en inhabilitaciones públicas.
• Los servidores públicos de alto rango (diputados, senadores, gobernadores, etc.) cuentan con protección procesal (antes conocida como fuero), requiriendo una Declaración de Procedencia por parte de la Cámara de Diputados para ser procesados penalmente.

Contexto y retos

• Corrupción sistémica: Casos como los de García Luna o César Duarte reflejan la penetración de la corrupción en instituciones públicas, a menudo vinculada a redes de crimen organizado.
• Retos legales: Jorge Reyes Peralta, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, señaló en 2020 que el gran desafío es la efectividad de las fiscalías anticorrupción para procesar las miles de denuncias pendientes, evitando la impunidad.
• Acceso a la justicia: Muchos ciudadanos no denuncian por desconfianza en las autoridades, desconocimiento o conveniencia, lo que perpetúa la corrupción.

Fuentes

• Código Penal Federal, artículos 212-227
• Secretaría de la Función Pública, informe 2018-2021
• Milenio, “Delitos que un servidor público puede cometer” (2024)
• SESNSP, estadísticas 2019
• Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Querétaro (2024)