RRC/México: La crisis de desapariciones forzadas en México es un problema complejo y persistente que ha escalado en las últimas décadas, convirtiéndose en una de las peores crisis de derechos humanos en América Latina. A continuación, les proporciono un panorama basado en información reciente y confiable, con un enfoque crítico y sin aceptar ciegamente las narrativas oficiales:
Contexto y Magnitud
- Cifras oficiales: Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta mayo de 2024, hay más de 115,000 personas desaparecidas en México, aunque algunas fuentes reportan hasta 125,287 casos desde 1964. El 90% de estas desapariciones han ocurrido desde 2006, coincidiendo con la militarización de la seguridad pública durante la llamada «guerra contra el narcotráfico» iniciada bajo el gobierno de Felipe Calderón.
- Crecimiento reciente: Entre 2022 y 2024, los casos aumentaron un 7.3% en 2023 y un 6.3% en 2024. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se reportaron 53,261 desapariciones, con un promedio de 26 personas desaparecidas por día.
- Estados más afectados: Jalisco (15,300+ casos), Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León concentran la mayoría de las desapariciones, representando cerca del 48% del total nacional. Jalisco destaca por la presencia de sitios de exterminio ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación. El Estado de México lidera en 2025 con 867 desapariciones hasta mayo.
Características de las Desapariciones
- Desapariciones forzadas: Definidas por la Convención Internacional como la privación de libertad por agentes del Estado o con su aquiescencia, seguida de la negativa a reconocerla o el ocultamiento del paradero, estas representan un crimen de lesa humanidad. En México, más del 87% de los casos activos en el RNPDNO son considerados desapariciones forzadas o por particulares con complicidad estatal.
- Perfiles de víctimas:
- Hombres: Representan el 75-82% de los casos, con mayor incidencia en el rango de 15-40 años, especialmente entre 25-29 años.
- Mujeres y niñas: Constituyen el 17-25%, con un aumento notable en desapariciones de mujeres jóvenes (15-19 años), a menudo vinculadas a trata sexual. Estados como Estado de México, Tamaulipas y Jalisco concentran el 52.3% de casos de mujeres desaparecidas.
- Migrantes: Son un grupo vulnerable, especialmente en rutas fronterizas como Tamaulipas, donde se han reportado desapariciones masivas, como la de 22 migrantes en 2019.
- Crisis forense: Más de 52,000 cuerpos sin identificar yacen en fosas comunes, morgues saturadas o universidades, agravando la crisis debido a la falta de recursos y protocolos forenses adecuados.
Causas y Contexto
- Violencia estructural: La crisis se intensificó desde 2006 con la militarización de la seguridad pública, que no solo no redujo la violencia, sino que incrementó las desapariciones debido a la colusión entre crimen organizado y agentes estatales.
- Impunidad: La ONU ha señalado una impunidad casi absoluta (99% según algunas fuentes), con solo 35 casos sentenciados de más de 100,000. Esto se debe a la falta de investigaciones efectivas, corrupción y revictimización de las familias.
- Guerra sucia y antecedentes: Las desapariciones forzadas tienen raíces en la represión política de los años 60 y 70 (Guerra Sucia), cuando se usaron para silenciar disidentes. Desde 2006, el crimen organizado se ha convertido en un perpetrador central, a menudo con la complicidad o inacción de autoridades.
Respuesta Estatal y Social
- Marco legal: En 2017, se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, impulsada por colectivos de familiares. Sin embargo, su implementación ha sido deficiente, con instituciones que no realizan búsquedas efectivas ni garantizan la seguridad de las familias buscadoras.
- Colectivos de búsqueda: Más de 200 colectivos, mayoritariamente integrados por mujeres, han surgido ante la inacción estatal. Grupos como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos y Familiares en Búsqueda María Herrera han logrado avances legislativos, pero enfrentan estigmatización, amenazas y asesinatos (al menos 21 buscadores asesinados desde 2010).
- Críticas al gobierno: A pesar de promesas de López Obrador de atender la crisis, como el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (2014), las desapariciones han aumentado, y las políticas de búsqueda, como el Programa Nacional de Búsqueda de 2023, han sido criticadas por su retraso y falta de efectividad. La manipulación de cifras (como la reducción reportada de 20,000 casos en 2024) ha generado desconfianza.
Retos y Recomendaciones
- Impunidad y prevención: El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha instado a México a crear una política nacional de prevención, fortalecer la coordinación institucional, garantizar la seguridad de los buscadores y abordar la crisis forense.
- Rol de las familias: Las familias, especialmente las mujeres, han sido clave en visibilizar la crisis, pero necesitan más apoyo estatal en recursos, protección y atención psicológica.
- Crisis forense: Es urgente mejorar la infraestructura forense y estandarizar protocolos para identificar restos y reducir el número de cuerpos sin identificar.
Reflexión Crítica
La narrativa oficial a menudo minimiza la complicidad estatal y atribuye las desapariciones exclusivamente al crimen organizado, pero las evidencias apuntan a una colusión sistémica entre ambos. La manipulación de cifras y la falta de rendición de cuentas reflejan un intento de desvincular al Estado de su responsabilidad. La labor de los colectivos de búsqueda, aunque admirable, no debería sustituir la obligación del Estado de garantizar justicia y prevención. La crisis no solo es un problema de números, sino de una sociedad marcada por el dolor y la impunidad, donde las víctimas y sus familias son revictimizadas por un sistema que no responde.
