RRC/ BadeBa: La privatización de 101 accesos al mar en Bahía de Banderas, Nayarit, es un tema que ha generado controversia y acción gubernamental reciente. Según reportes, estos accesos a playas han sido privatizados a lo largo de la historia del municipio, principalmente por desarrollos turísticos y hoteleros que han restringido el paso público, a pesar de que la ley mexicana establece que las playas son de dominio público. La presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado un plan para recuperar estos accesos, anunciado tras su visita a Bahía de Banderas el 28 de diciembre de 2024, y reiterado en Acapulco en enero de 2025. El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) están mapeando estos puntos para iniciar su recuperación, identificando casos como el intento de cierre de la playa Malpaso (que conecta Sayulita con San Pancho) y la construcción de un muro en la playa de Sayulita.
Casos históricos, como el de la playa La Lancha en Punta Mita, muestran antecedentes de resistencia: en 2019, SEMARNAT revocó una concesión a la empresa Cantiles de Mita por irregularidades, permitiendo reabrir el acceso tras protestas de ejidatarios y ecologistas. Además, en 2018, vecinos de San Pancho derribaron una malla electrificada colocada por el Grupo DINE en la playa La Lancha, denunciando un cierre ilegal con apoyo de PROFEPA y la Marina. En otro caso, en San Pancho, se protestó contra el proyecto Punta Paraíso, que pretendía privatizar 1,200 m² de playa, argumentando la figura de “terrenos ganados al mar” para justificar la apropiación.
Por otro lado, el gobierno de Nayarit ha desmentido algunos supuestos cierres, como el de la playa FIBBA en Nuevo Nayarit, aclarando que se instalaron filtros de seguridad y no barreras de privatización, manteniendo el acceso libre bajo ciertas regulaciones. Sin embargo, la presión ciudadana y federal sigue enfocada en garantizar que las playas permanezcan accesibles para todos, como lo establece la legislación mexicana, que prohíbe limitar el acceso a los 20 metros de zona federal marítimo-terrestre, aunque en la práctica, desarrolladores han bloqueado accesos con vallas, guardias y construcciones.
