RRC/CDMX: El tope de precio de 24 pesos por litro de gasolina regular, establecido mediante un acuerdo voluntario entre el gobierno mexicano y empresarios gasolineros, ha generado presión sobre las empresas transnacionales para regresar a operar bajo la marca Pemex. Según Jorge Mijares, expresidente de Onexpo Nacional, esta medida podría llevar a las transnacionales a reconsiderar su operación en México debido a las condiciones favorables que Pemex ofrece en sus Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR), incluyendo precios competitivos que integran costos de producción, transporte, almacenamiento e impuestos como el IEPS y el IVA. Sin embargo, Enrique Félix Robelo, actual presidente de Onexpo, sostiene que el objetivo principal del acuerdo es mantener precios socialmente responsables, no forzar un regreso a Pemex.
El acuerdo, firmado el 27 de febrero de 2025, busca estabilizar los precios para proteger la economía de las familias mexicanas, pero genera desafíos para las empresas privadas. Analistas advierten que el margen máximo de 2 pesos por litro (sin incluir IVA) es insuficiente para muchas estaciones, lo que podría reducir su rentabilidad, desincentivar inversiones y, en algunos casos, llevar al cierre de gasolineras privadas. Esto podría favorecer a Pemex, que controla más del 60% del mercado con sus más de 8,000 franquicias.
Por otro lado, el Instituto Americano del Petróleo (API) ha criticado esta política, argumentando que favorece a Pemex y obstaculiza la inversión extranjera, solicitando incluso un panel de controversia en el marco del T-MEC. La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido que el acuerdo es voluntario y que el petróleo está excluido del T-MEC, por lo que no hay base legal para las quejas.
Además, el tope de precios ha generado pérdidas significativas para Pemex, estimadas en 9,000 millones de pesos en marzo y abril de 2025, con proyecciones de 13,700 millones para mayo, ya que la empresa debe subsidiar precios mayoristas para cumplir con el acuerdo. Esto podría reforzar la percepción de un regreso al monopolio de Pemex.
En resumen, el tope de precio presiona a las transnacionales al reducir sus márgenes y hacer más atractiva la operación con Pemex, pero también plantea riesgos de distorsiones en el mercado, desincentivo a la inversión privada y un impacto financiero significativo para la estatal.
