Veracruz enfrenta una crisis de violencia que ha generado acusaciones de ingobernabilidad por parte de periodistas y candidatos, quienes exigen medidas urgentes de seguridad. Entre 2000 y 2023, al menos 33 periodistas han sido asesinados en el estado, siendo el más letal para la prensa en México, con un repunte notable durante la gubernatura de Javier Duarte (2010-2016), donde 18 comunicadores fueron asesinados y cuatro desaparecieron. La violencia contra periodistas incluye agresiones, intimidaciones y asesinatos, a menudo vinculados al crimen organizado y autoridades locales, con estrategias de control de información como censura, cohecho y ataques físicos.
En el contexto electoral de 2025, la situación es igualmente alarmante. Desde el inicio de las campañas municipales el 29 de abril, al menos dos candidatos han sido asesinados: Germán Anuar Valencia Delgado en Coxquihui y Yesenia Lara Gutiérrez en Texistepec, junto con otras víctimas. Hasta el 15 de mayo, 71 candidatos solicitaron protección, principalmente de Movimiento Ciudadano, debido a amenazas, secuestros y ataques armados. La violencia política ha escalado, con 13 incidentes registrados en el primer trimestre de 2025, y el crimen organizado busca influir en el control de alcaldías y presupuestos.
El gobierno estatal, encabezado por Rocío Nahle, ha sido criticado por su respuesta insuficiente, incluyendo la exigencia de que candidatos cubran gastos de seguridad. El gobierno federal ha desplegado 3,500 elementos de la Guardia Nacional y 300 agentes de la Fiscalía para reforzar la seguridad, pero la impunidad y la debilidad institucional persisten. Periodistas y candidatos señalan un régimen autoritario y la falta de protocolos efectivos, lo que agrava la percepción de ingobernabilidad.
La situación refleja una disputa por el poder entre grupos criminales, autoridades y actores políticos, con Veracruz como un epicentro de violencia que amenaza la democracia local.
