Por Armando j Garcia.- La colonia Luis D. Colosio, en Playa del Carmen, Quintana Roo. ha sido testigo de una de las promesas más sonadas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador: la regularización de predios y la entrega de títulos de propiedad a sus habitantes, después de décadas de incertidumbre. Una promesa que llegó con un decreto presidencial firmado en Palacio Nacional y que fue celebrada como un acto de justicia histórica para quienes fundaron con esfuerzo, trabajo y esperanza.
Hoy, esa esperanza se ha convertido en frustración. La entrega de títulos sí ocurrió… pero no para todos. Solo para los que importaban políticamente.
Según testimonios de vecinos y ciudadanos fundadores, apenas se han entregado cerca de 1,700 títulos, mientras que más de 3,500 aún están en el limbo. Y lo más indignante: esos títulos fueron entregados selectivamente, en su mayoría, a operadores políticos vinculados a las estructuras electorales del oficialismo.
La regularización se convirtió en una estrategia de control y recompensa. La justicia fue canjeada por votos.
“La colonia Colosio no solo lleva el nombre de un político traicionado en mexico, también encarna una nueva traición: la de un gobierno que prometió justicia, solo que hasta este momento aun no llega.
El proceso, que anteriormente era coordinado por la Desarrolladora de la Riviera Maya, ahora está en manos del INSUS (Instituto Nacional del Suelo Sustentable). Sin embargo, se ha filtrado información que revelan que ex trabajadores de esa misma desarrolladora fueron reubicados en INSUS, y son ellos quienes ahora imponen las reglas.
En algunos casos, los montos exigidos superan los 500 mil pesos. Una cifra impagable para muchas familias, y que pone en duda la transparencia del proceso. Peor aún, hay denuncias de amenazas: ciudadanos afirman que les están advirtiendo sobre posibles expropiaciones de terrenos si no se cumplen estos pagos, a pesar de que muchos de ellos ya habían liquidado en su momento los convenios con la Desarrolladora de la riviera.
Esto no solo es un atropello legal, sino una agresión directa a sus derechos
El gobierno federal presume haber cumplido, pero los hechos muestran otros datos.
El decreto presidencial fue real, sí… Pero el cumplimiento ha sido selectivo, amañado, manipulado. En lugar de representar un acto de justicia, la regularización se transformó en un botín político repartido a los clientes electorales.
No fue un acto de justicia, sino una operación politica disfrazada de transformación.
Finalmente esto revela cómo una promesa de Estado, basada en la justicia social, puede ser utilizada como moneda electoral.
Colosio, el político que fue asesinado por querer cambiar un sistema podrido, hoy da nombre a una colonia donde la corrupción, la impunidad y el abuso se disfrazan de progreso debido que hasta este momento no se cumple el decreto.
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