Empresarios en contra de la elección judicial.

Los empresarios mexicanos han expresado un fuerte rechazo a la reforma judicial de 2024 y la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular programada para el 1 de junio de 2025. Sus principales preocupaciones se centran en la posible politización del Poder Judicial, la pérdida de independencia judicial y la inseguridad jurídica, lo que podría afectar la inversión y el desarrollo económico.

Posturas principales de los empresarios:

1. Inseguridad jurídica y politización:

• Diversos sectores empresariales, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), advierten que la elección popular de jueces podría derivar en un sistema judicial menos confiable, sujeto a presiones políticas y partidistas, lo que generaría incertidumbre para inversionistas nacionales e internacionales.
• José Ángel Santiago Ábrego, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, señaló que la reforma podría tener un «efecto amedrentador» en la función judicial, desincentivando la inversión al debilitar la estabilidad regulatoria.

1. Boicot y no participación:

• En Yucatán, Canacintra anunció que no participará en el proceso electoral judicial, argumentando que la reforma rompe el balance de poderes.
• Coparmex en el Estado de México decidió no promover el voto ni dialogar con candidatos, como protesta por el diseño e implementación de la elección.
• El empresario Ricardo Salinas Pliego llamó públicamente a boicotear la elección, argumentando que el Poder Judicial ha sido un contrapeso al Ejecutivo y que participar legitimaría un proceso cuestionable.

1. Acciones alternativas:

• Algunas empresas planean recurrir a mecanismos alternativos, como la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (vigente desde enero de 2024), que promueve mediación y arbitrajes privados, o incluso a jurisdicciones internacionales, para proteger la seguridad jurídica de sus contratos ante un Poder Judicial potencialmente comprometido.

1. Colaboración limitada:

• Aunque algunos sectores empresariales rechazan la reforma, otros, como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), firmaron convenios con el Instituto Nacional Electoral (INE) para fomentar la participación ciudadana y la observación electoral, sin apoyar explícitamente la reforma.
• En Mérida, la Canaco entrevistó a candidatos a magistrados para informar a la ciudadanía, aunque sin promover activamente el voto.

Contexto y críticas:

• La reforma judicial de 2024, que establece la elección popular de 2,681 cargos judiciales (881 federales y 1,800 locales), ha sido criticada por su diseño y por irregularidades en las listas de candidatos, como vínculos con el crimen organizado o falta de experiencia judicial.
• Empresarios y analistas temen que la elección debilite el sistema de pesos y contrapesos, afectando la confianza en el Estado de Derecho, esencial para la inversión y el crecimiento económico.

Posturas contrastantes:

• Mientras algunos empresarios promueven la observación electoral para documentar el proceso (como Coparmex), otros optan por el boicot o la no participación como forma de protesta.
• La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la reforma, asegurando que no busca controlar el Poder Judicial, sino combatir la corrupción y garantizar certeza jurídica para todos, incluidos los inversionistas.

En resumen, los empresarios están divididos: algunos rechazan activamente la elección judicial por considerarla una amenaza a la estabilidad económica, mientras que otros participan de manera limitada para fomentar transparencia, aunque sin avalar la reforma. La incertidumbre sobre el impacto de esta elección en la inversión y la economía persiste.