Las razones específicas por las que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y de su esposo, Carlos Torres Torres, no han sido reveladas oficialmente ni por las autoridades estadounidenses ni por la pareja. Ambos informaron que la revocación responde a «disposiciones internas del Departamento de Estado» y aseguraron que no implica acusaciones, investigaciones formales o señalamientos legales en México o Estados Unidos.
Sin embargo, existen especulaciones y reportes que sugieren posibles motivos. Según el semanario ZETA, la revocación está vinculada a una investigación formal de autoridades estadounidenses iniciada meses atrás, posiblemente relacionada con el círculo cercano de la pareja, aunque no se detallan las razones exactas. Algunos medios, como ABC y El Debate, han señalado presuntos nexos con el crimen organizado, específicamente con el grupo «Los Rusos», una facción del Cártel de Sinaloa, además de un crecimiento desproporcionado del patrimonio de la pareja, lo que habría encendido alarmas en Washington. También se ha mencionado la posibilidad de que la medida esté relacionada con acusaciones de corrupción o lavado de dinero, según versiones en redes sociales y medios como adn40, aunque estas no han sido confirmadas.
Por otro lado, la ley migratoria de Estados Unidos permite revocar visas por diversas razones, como sospechas de actividades delictivas, corrupción, violaciones a derechos humanos, uso indebido de la visa (por ejemplo, realizar negocios con una visa de turista) o cambios en las circunstancias bajo las cuales se otorgó el documento. En este caso, la falta de transparencia del Departamento de Estado, que considera los registros de visas confidenciales, ha generado incertidumbre.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado al gobierno de Estados Unidos que informe las causas de la revocación, ya que no fueron notificados previamente, y pidió esperar a obtener información oficial antes de emitir juicios. Mientras tanto, la oposición, especialmente el PAN, exige explicaciones claras, argumentando que la situación podría afectar la relación binacional y la confianza en la administración de Ávila Olmeda, dado el papel estratégico de Baja California como estado fronterizo.
En resumen, aunque no hay una razón oficial confirmada, las especulaciones apuntan a una investigación estadounidense posiblemente ligada a nexos con el crimen organizado, corrupción o irregularidades financieras, pero tanto la gobernadora como su esposo confían en que la situación se aclarará favorablemente.
