La administración de Donald Trump está considerando suspender el derecho de los migrantes a impugnar su detención mediante el recurso de habeas corpus, según informó Stephen Miller, subdirector de gabinete de políticas de la Casa Blanca, el 9 de mayo de 2025. Esta medida busca acelerar las deportaciones masivas, justificándola con la afirmación de que el país enfrenta una «invasión» migratoria. La suspensión del habeas corpus solo se ha aplicado en casos extremos, como durante la Guerra Civil (1861-1865) o tras el ataque a Pearl Harbor (1941).
Trump ha invocado previamente la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador, pero tribunales federales y la Corte Suprema han frenado estas expulsiones, exigiendo que los migrantes tengan la oportunidad de impugnar legalmente su detención. La propuesta de suspender el habeas corpus probablemente enfrentará desafíos legales significativos, ya que este derecho está protegido por la Constitución de EE. UU., y expertos, como Amy Coney Barrett antes de ser jueza de la Corte Suprema, han argumentado que solo el Congreso tiene autoridad para suspenderlo.
Organizaciones como la ACLU han advertido que estas políticas violan derechos fundamentales, y cualquier intento de implementarlas podría escalar hasta la Corte Suprema. Además, la retórica de «invasión» ha sido cuestionada legalmente, con tribunales indicando que la migración no equivale a una invasión armada según el derecho constitucional.
