La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) emitió un llamado el 9 de mayo de 2025, en vísperas del Día de la Madre, para que las autoridades mexicanas atiendan las demandas de las madres buscadoras y de los hijos que buscan a sus madres desaparecidas. La ONU-DH reconoció la valentía y resiliencia de estas mujeres, quienes, ante la inacción o insuficiencia de las autoridades, han asumido la búsqueda de sus seres queridos en un contexto de más de 115,000 desapariciones registradas en México desde 1952, según datos oficiales, aunque se estima que la cifra real es mayor.
La ONU-DH exhortó al gobierno federal a adoptar una agenda integral en materia de desapariciones, basada en 10 puntos clave, que incluye:
- Garantizar la seguridad de las madres buscadoras, quienes enfrentan amenazas, ataques y, en algunos casos, asesinatos (al menos cinco madres han sido asesinadas desde 2021).
- Fortalecer la coordinación institucional para búsquedas efectivas, abordando la falta de capacidades institucionales y la impunidad generalizada.
- Implementar una política nacional para prevenir y erradicar desapariciones, como recomendó el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) en 2021.
- Mejorar el acceso a la justicia, asegurando investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales, dado que solo 35 de las más de 110,000 desapariciones registradas han resultado en condenas.
- Apoyar a las colectivas de buscadoras, proporcionando recursos, protección y reconocimiento a su labor, que ha llevado al descubrimiento de fosas clandestinas, como las 156 fosas con 298 cuerpos encontradas por el Colectivo Solecito en Veracruz en 2016.
- Abordar la crisis forense, con más de 52,000 cuerpos sin identificar en morgues y fosas comunes, mediante la implementación de un sistema nacional de identificación forense.
- Garantizar la participación de las familias en las investigaciones, facilitando el acceso a expedientes, que a menudo les son negados bajo pretextos de confidencialidad.
- Proteger a defensores de derechos humanos, incluyendo a las buscadoras, ante el aumento de riesgos y la falta de políticas de seguridad basadas en derechos humanos.
- Implementar recomendaciones internacionales, como las del CED, que en 2023 destacó avances legislativos, pero señaló la persistencia de la impunidad y la necesidad de reformas.
- Reconocer públicamente la labor de las madres buscadoras, visibilizando su lucha y contrarrestando narrativas que minimizan la crisis, como los intentos de reducir las cifras oficiales de desaparecidos.
El pronunciamiento de la ONU-DH surge en un contexto de críticas al gobierno mexicano, especialmente tras la controversia generada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en 2023 ordenó un recuento de desaparecidos que redujo temporalmente la cifra a 12,000, lo que fue rechazado por familias y activistas como un intento de minimizar la crisis. La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, ha prometido investigar casos de alto perfil, como el hallazgo de hornos clandestinos en Jalisco en 2025, pero persisten dudas sobre la voluntad política para abordar la impunidad y proteger a las buscadoras.
Organizaciones como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y colectivas como Madres Buscadoras de Jalisco han denunciado la falta de acción efectiva y la manipulación de datos por parte de autoridades estatales, especialmente en Jalisco, el estado con mayor número de desapariciones. La ONU-DH subrayó que la colaboración con las buscadoras y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México son esenciales para avanzar hacia la verdad, la justicia y la no repetición.
Nota crítica: Aunque la ONU-DH y las colectivas de buscadoras han destacado algunos avances legislativos, como la Ley General sobre Desapariciones Forzadas de 2017 y la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, la implementación de estas medidas sigue siendo deficiente. La narrativa oficial a menudo choca con la realidad de las familias, y las promesas gubernamentales, como las de Sheinbaum, corren el riesgo de quedar en retórica si no se traducen en acciones concretas. La dependencia de las madres buscadoras para realizar el trabajo que corresponde al Estado refleja una falla estructural que no puede ignorarse.
